Si bien ha transcurrido ya un determinado tiempo desde que se anunció el pacto político entre trabajadores a través de su máximo organismo la COB con el MAS que es el partido oficial, hay una serie de alternativas que son objeto de análisis en los círculos de la política nacional.
Los más optimistas señalan que se trata de un acuerdo coyuntural, sin muchas consignas que puedan cumplirse objetivamente en cuanto a principios políticos, ideologías afines o la búsqueda de objetivos comunes. De lo que se trata es de una búsqueda de intereses sectarios, para un lado captar la mayor cantidad de votos, para el otro asegurar ciertos beneficios sociales, especialmente en el orden salarialista.
Lo particular del tiempo presente es el año electoral en marcha, tiempo en el que las alianzas siempre resultan buenas, si están basadas en compromisos firmes y mínimamente sustentados en compromisos de cierta reciprocidad una vez que se alcance el objetivo del poder.
Quienes hacen un seguimiento de la situación señalan que hay un cambio en la estrategia del partido oficial, que desde su aparición se sustentó en las organizaciones campesinas y en ciertos segmentos a los que calificó como los “movimientos sociales” con fuerte ascendencia de pobladores rurales; ahora se avanzó en una alianza importante al tratarse del mayor conglomerado sindical del país, que además por su organización cumple decisiones estructuralmente verticales por la vía de la aprobación en asambleas, como se supone ocurrió con la aprobación del pacto político con el partido gobernante.
Un hecho connotativo del pacto es que ha sido motivado y ejercitado por el sector de los trabajadores mineros, a pesar de que el organismo laboral tiene una gran cantidad de representaciones sindicales como los maestros, constructores, los fabriles y gremiales, municipales, campesinos y asalariados en general que asumen la disciplina sindical, aunque manifestando sus observaciones internas.
Hay otro argumento que suena fuerte en el ambiente sindical y es que también está en conformación el Partido de los Trabajadores, cuyos delegados están empeñados en alcanzar un exigido número de firmas (de asalariados) para dar validez a su trámite de inscripción en el organismo electoral, situación que para muchos trabajadores debería merecer atención de la COB por tratarse de un futuro instrumento “orgánico” para defender los intereses “clasistas”.
En el sector minero de manera especial hay ciertas dudas sobre la seguridad salarial, tomando en cuenta que las previsiones de los expertos apuntan a una lenta pero continua baja en los precios internacionales, lo que obligará a una serie de limitaciones en los gastos sociales de las minas. En función a esa perspectiva la COB ya se adelantó en plantear un salario mínimo superior a los 8 mil bolivianos mensuales, pedido laboral que comentado en niveles oficiales es considerado exagerado, pero tendrá que ser negociado, mejor si sucede en la contingencia de una pacto vigente.
Para analistas políticos y sociales, dirigentes opositores al sistema y para los pesimistas, el pacto político entre la COB y el MAS no tendrá una constancia de largo alcance, pues hay muchos sectores y radicalizados que están en abierta divergencia con la directiva de la COB, la presión que ejercerán más adelante podría obligar a cambiar el sentido del pacto.
Los pactos político – sociales, más coyunturales que sustentables en función programática o ideológicamente coincidentes, son muy difíciles de alcanzar, de manera especial en conglomerados con intereses divergentes, como ocurre con mineros y campesinos, de estos últimos algunos con marcados celos por el último pacto.
Fuente: LA PATRIA
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