La atención del diferendo marítimo boliviano con Chile con la asunción de Michelle Bachelet no cambiará, puesto que su país tiene definida la política de relacionamiento con sus vecinos y lo que es más, de manera expresa para analizar, considerar y hasta manejar el tema del enclaustramiento boliviano mientras se cumpla con lo establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile que está plenamente vigente.
Afirmar que la presidenta Bachelet, que gobernará el país del Mapocho a partir del martes 11 de marzo y hasta 2018, cambiará el rumbo de nuestra negociación marítima es engañoso porque durante su primera administración de 2006 al 2010 no modificó la posición de su país, y se limitó a mantener una relación en la mayor importancia y trascendencia para el país del Mapocho, porque le une a Bolivia una estrecha vecindad geográfica y humana, que representa un futuro común para ambas naciones, pero el tema del mar no se toca.
Esa negociación entonces se convirtió en un acto de “buena fe”, porque Chile tiene su política definida en lo que respecta al diferendo marítimo que tampoco el presidente chileno saliente, Sebastián Piñera, pudo modificar, por lo que el discurso de las autoridades bolivianas, resulta ser una muestra del conformismo y falta de decisión de nuestros gobernantes para actuar con total responsabilidad para volver a las costas del Pacífico.
La única fórmula efectiva que debe aplicar la Administración del presidente Evo Morales, si quiere preservar la soberanía de Bolivia es dotar de moderna infraestructura y medios de subsistencia a los pobladores de la amplia frontera boliviano-chilena, para sentar soberanía a fin de evitar que los niños y jóvenes de nuestro país tengan que acudir a las escuelas y los servicios de salud del país vecino.
Según el Programa de su Gobierno 2014-2018, Michelle Bachelet, priorizará su lucha contra la desigualdad y el acceso a la educación, declarando que es una convencida que el pueblo de Chile disfruta a plenitud su vida democrática, existiendo un desafío para ofrecer los mismos derechos y oportunidades para todos, mejorando el acceso a una educación de calidad, como fórmula efectiva para reducir la pobreza, incrementar la movilidad social y mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos.
Bachelet en su programa de 100 días, anunció que aplicará tres reformas al modelo educativo, el régimen fiscal impositivo y la constitucional, porque la reforma fiscal permitirá contar con recursos económicos para mejorar todo el sistema educativo, programa que incluye la apertura de 4.500 nuevas guarderías infantiles, para conseguir una mayor participación productiva de la mujer chilena, mientras que el cambio a la constitución permitirá consolidar el proceso democrático que se vive a plenitud en Chile.
En cambio su política de relacionamiento internacional, prevé una relación respetuosa de trabajo con todos los mandatarios de la región, lo que debe motivar una decisión política de la Administración de Evo Morales, destinada a dotar de medios, infraestructura, servicios y seguridad para mejorar la calidad de vida de los pobladores fronterizos, quienes para cubrir las deficiencias que hay en nuestro país, se ven obligados a tener una doble nacionalidad, aunque también eso ocurre con quienes se dedican a los ilícitos aduaneros a gran escala y son usuarios de la Zona Franca de Iquique.
Así el Norte de Chile sobrevive a través del comercio con Bolivia, ignorar ese hecho es negar nuestro derecho de retornar a las costas del Pacífico, por lo que resulta imperativo mantener nuestra “calidad marítima” para no dejar libre al usurpador de nuestro territorio, sino mantener viva la demanda multilateral que está vigente en concierto de las naciones del mundo que apoyan la causa marítima boliviana, en la lucha reivindicatoria boliviana en contra de la geopolítica expansionista de Chile, a la espera del fallo que debe emitir el Tribunal de Justicia de La Haya en respuesta a la demanda marítima boliviana.
Por todo lo avanzado, no se debe dejar de lado esfuerzos encaminados por La Moneda en Chile que han impulsado iniciativas destinadas a intensificar el diálogo con Bolivia, actitud demostrada con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y también encuentros presidenciales en varias oportunidades con la presidenta chilena Michelle Bachelet con quien se alcanzó un acuerdo de 13 puntos que consignaba la posibilidad de analizar la otorgación de un acceso soberano a las costas del Pacífico para Bolivia, que luego se diluyó y quedó en nada por ausencia de una estrategia boliviana.
Ese avance es significativo y no se puede tirar por la borda, por la actitud dictatorial, soberbia y engreída que asumió el mandatario chileno Sebastián Piñera, haciendo gala de su falta de conocimiento de diplomacia internacional, ignorando ventajas que tiene la I Región de Tarapacá al mantener un gran comercio con Bolivia, deteriorando también una relación construida por el expresidente chileno Ricardo Lagos, quien trabajó con gobernantes bolivianos para mejorar las condiciones de acceso útil de Bolivia al mar. Eso supone tener una salida soberana a las costas del Pacífico, siendo la principal ruta para lograr ese objetivo el departamento de Oruro, por su estratégica ubicación geográfica, su conexión directa a los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta y por ser paso obligado para llegar por Cochabamba y Santa Cruz al Brasil para ingresar al Atlántico, a través de la vía interoceánica que debe ser la primera ruta que habilite el Presidente Evo Morales.
La solución integral al problema de mediterraneidad de Bolivia pasa por tener una estrategia de la geopolítica marítima boliviana, con una demanda contundente que nos asiste por derecho para tener una salida libre y soberana a las costas del Pacífico. Ojalá esto sea posible en función del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile para fortalecer sus instituciones democráticas, luchar de manera sostenida contra la pobreza y la corrupción, que se da a través de los ilícitos aduaneros, como demostró nuestro gobierno y se pueda promover la gobernabilidad sobre el primer corredor interoceánico que debe ser el punto de partida para el desarrollo económico y social de Oruro y nuestro país.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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