En el caso de Euskadi es donde el estado español ha podido interferir menos; por razones fáciles de entender: el alejamiento intrínseco de su lengua étnica la aleja demasiado de la española como para que a ésta le resulte fácil manipularla. En este caso, la política española se ha caracterizado por tratar de bloquear y poner obstáculos a la reconfiguración del espacio lingüístico euskara; y lo ha hecho en dos direcciones: por un lado, dificultar la incorporación del territorio y población del gobierno autonómico de Navarra en las dinámicas lideradas en las tres provincias ‘vascas’ (gobierno autonómico de Euskadi); por otro, hacer otro tanto con las provincias vascas de Francia.
También aquí las cuestiones puramente lingüísticas se contagiaban del movimiento globalmente político: la existencia de un frente independentista vasco (que desde el gobierno español y desde los partidos políticos españolistas se ha querido identificar y reducir a la existencia del grupo armado ETA) ponía en contacto la ‘lucha por la lengua’ con una lucha por la liberación nacional. Y quienes se oponían a la independencia de los vascos tampoco iban a contribuir a la restauración e implantación del euskara en la sociedad vasca; y algunos por lo menos hacían cuanto podían para obstaculizarlas.
Todo ello en el contexto que le es propio y que puede expresarse en dos hechos objetivos: el carácter no indoeuropeo del euskara; su implantación minoritaria en la sociedad vasca actual, dificultada en primer lugar por aquella lejanía intrínseca de la lengua.
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Cataluña / Países Catalanes (Cataluña, Valencia, Islas Baleares. Cataluña-Norte) ha constituido el hueso más duro de roer para el ‘estado de los españoles’: dimensiones, empuje, desarrollo social y peso económico, antigüedad de la lucha nacional catalana, todo confluía para ello.
La transición española tuvo que ceder algunas posiciones bélicas (educación, prensa, edición, partidos políticos, medios de comunicación...); pero el estado y los partidos españolistas siempre han procurado, como en Galicia y en Euskadi, dificultar las relaciones con los otros dos ‘países catalanes’ españoles (el País Valenciano y las Islas Baleares): curiosamente, ambos territorios llevan muchos años gobernados por los ‘populares’ (PP o peperos); y éstos se han encargado de cumplir las instrucciones de Madrid: exorbitar el ‘peligro catalán’, evitar a toda costa su ‘contagio’, minimizar o torpedear las iniciativas compartidas. En esto, hasta hace poco los ‘baleares’ han mantenido más vivo el sentido común que los valencianos; pero en los últimos meses parecen haberse unificado, fiel síntoma del pánico que les inoculan desde Madrid.
En lo que se refiere a la Cataluña-Norte (bajo soberanía francesa), que el rey de Castillo entregó al francés en 1659, como desenlace internacional de la insurgencia de Cataluña (1640-1652), su situación de minoría casi marginal facilitaba las cosas a Madrid no menos que a París: pero el peligro de contagio en este caso se escapaba al control madrileño, sobre todo desde que ambos estados forman parte de la Unión Europea.
Y el dominio lingüístico catalán todavía incluye la ‘Franja’ occidental, dentro de la autonomía aragonesa.
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Desde que el Partido Popular ha vuelto al gobierno del estado (2011) y acaso como reacción a la persistencia y ascenso de los diversos nacionalismos que ellos no dejan de calificar ‘regionales’, puede decirse que ha emprendido una cruzada contra la normalidad de la lengua catalana: directamente o valiéndose de sus gobiernos regionales. Sin pretender agotar la lista, he aquí una muestra de las más inimaginables.
En Aragón, su parlamento de mayoría popular se ha atrevido a inventar una lengua (más exactamente, a cambiar su nombre oficial de catalán: para ese gobierno el catalán ya no será el catalán, sino un imaginario “Lapao” (“lengua aragonesa propia del área oriental”).
En Valencia han sido abundantes y arraigados los episodios de sabor anti-catalán; pero últimamente han alcanzado una virulencia e irracionalidad antes desconocidos: por ejemplo, el gobierno autonómico ha impedido que sus ciudadanos pudieran ver el canal catalán TV3; y hace pocas semanas ha decidido clausurar su propio canal 9 en catalán, con 10 que ahora mismo los valencianos no tienen acceso a ninguna televisión de expresión catalana. Su obsesión catalanófoba también se ha manifestado en una decisión parlamentaria que prohíbe el uso del término “Países Catalanes” en la documentación oficial. Y para demostrar que ha perdido por completo el sentido del ridículo, también en sede parlamentaria se ha planteado la tesis de que el ‘valenciano’ no había llegado de la boca de los conquistadores catalanes (siglo XIII), sino que ya se hablaba en sus tierras antes de que... naciera la lengua ibera y ¡que de Roma llegara el latín!
Y para no quedarse atrás, en las Baleares, el gobierno popular también ha querido hacer ‘méritos’ ante Madrid, degradando la vigente obligación de que cualquier funcionario entendiera y hablara la lengua oficial catalana a un simple ‘mérito’, y bajo la apariencia de internacionalizar la educación de las nuevas generaciones, ahora mismo bajo la apariencia de un ‘trilingüismo’ (catalán, español, inglés), en los hechos está queriendo relegar el catalán a una posición marginal: y el mismo gobierno balear hasta ahora se ha mostrado inmutable ante una amplia huelga de rechazo por parte del profesorado.
¿Y en Cataluña? En Madrid saben que allí no puede imponerse cualquier cosa. El ministro Wert ha hecho aprobar en el parlamento estatal una ley de ‘mejora de la educación’, pero entre cuyos objetivos en Cataluña el propio ministro ha confesado que había de servir para “¡hacer españoles a los niños catalanes!” De hecho, con esa ley el gobierno estatal pretende recuperar el dominio de los contenidos en la enseñanza de la historia, cuestión –evidentemente– nada inocente en ninguna parte del mundo. Y menos donde hay profundos conflictos identitarios, como es el caso del estado español.
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Nebrija tenía razón: la historia anda llena de concomitancias entre lengua y política; y que suelen ser de carácter conflictivo. En una sociedad plurilingüe, la lengua dominante suele ser la lengua del grupo (nacional) dominante, a menos que se hayan establecido mecanismos que garanticen el equilibrio que permita cada situación. Y por ello ahí tenemos un fidelísimo termómetro de la calidad democrática de aquel estado: así, las reglas vigentes en Suiza, no sólo difieren drásticamente de las de España, sino que con ello también queda manifiesta su desigual ‘calidad democrática’ y, con ella, el grado de desarrollo político.
Aunque todo esto Nebrija no lo sospechó, dijo una verdad mucho mayor de lo que pensaba; y que la Historia no deja de confirmar a diario.
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