Después de todo lo conocido, observado y comprobado en el ámbito del Órgano Judicial del país, lo que corresponde es ejecutar “una revolución moral” para devolverle credibilidad y confiabilidad, eliminando toda la carga negativa que actualmente compromete – no a todos – pero a buena parte de jueces y fiscales a nivel nacional.
El Vicepresidente del Estado Plurinacional pocos días atrás reiteró sus críticas a la administración de justicia y señaló enfáticamente de la misma que “es una vergüenza”, ya que sigue mal como hace veinte años atrás.
Las actuales autoridades judiciales ocupan sus cargos tras haber sido electas por voto directo en el mes de octubre del 2011, después de aprobada la reforma constitucional promovida por el oficialismo en el año 2009.
El segundo mandatario no coincide con la apreciación de la Ministra de Justicia en ejercicio que considera “un error” la designación de los latos magistrados por la vía del voto popular. García Linera sostiene que introducir la participación popular en la elección de los más altos jueces del país, fue un gran cambio porque se democratizó el sistema, pero insistió en que ese avance no es suficiente, admitiendo que “el resultado real ante el litigante es que sigue la infamia”.
Apreciaciones directas de las principales autoridades del Estado Plurinacional convergen en críticas abiertas al sistema judicial. El Primer Mandatario días atrás reconociendo el “error” de procedimiento en la elección de magistrados, dijo que “la incorporación de profesionales de poncho, pollera y sombrero en la administración de justicia no logró cambios”. Por su parte el Vicemandatario fue claro al añadir a anteriores conceptos que “la justicia estuvo mal y está igual de mal que hace 10 ó 20 años”.
Lo que se pretende en la actualidad es eliminar la retardación imperante en la justicia y extirpar la corrupción existente en el sistema. El problema que se plantea es cómo hacerlo dentro de las normativas vigentes y cuáles serían las alternativas más apropiadas para devolver a la justicia el valor que debe tener en beneficio de la sociedad, que demanda responsabilidad y equidad en el tratamiento de las causas que se ventilan en esa intrincada maraña de la judicatura nacional.
Hay varios planteamientos, uno especial y que debe merecer la atención de las autoridades superiores y de los parlamentarios en conjunto, es modificar la normativa que establece la designación de magistrados por voto popular. La manera de hacerlo en el futuro volvería al sistema de evaluar la calidad de los profesionales por las condiciones de mérito y experiencia, además de añadirse una condición irremplazable que prohíba la militancia política partidaria de los postulantes. Meritocracia e independencia, podrían ser factores que juntos eliminen las tentaciones de la corrupción y la consecuente retardación jurídica.
A estas opciones se suma con características especiales la propuesta del vicepresidente, cuando señala que “hay necesidad de ejecutar una revolución moral” en el órgano judicial. Una revolución implica sustancialmente cambios, no simples modificaciones de normas o adaptación de otras, el sistema debe ser sacudido para eliminar, retardación y corrupción. Lo ideal es crear una conciencia de plena servidumbre a la Ley en toda su magnitud, por todos los operadores de justicia.
Se requieren reformas estructurales para cambiar el cuadro de la crisis judicial que no se había presentado con tan alarmante asiduidad en los casos que se registran en casi todos los distritos del país. El último caso de un fiscal en Oruro puede destapar una red de muchos involucrados.
Fuente: LA PATRIA
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