Miercoles 26 de febrero de 2014
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Hace tiempo que la justicia es una vergüenza nacional; pero no se pensó que podía llegar adonde ya no puede ser peor. Los jueces que rechazó el electorado tocaron fondo. Sin embargo, vuelve una y otra vez la falacia de que fueron elegidos por voto popular. No hubo tal. A lo mejor por la profusa propaganda, el embuste se mantiene aun en quienes opinan desde la vereda opuesta.
Con el “proceso de cambio”, el viejo aparato venal emprendió la caída libre; parte de ella es la escisión en justicia ordinaria urbana y comunitaria rural, ambas signadas por la mediocridad y la corrupción. Pero el que le asestó el golpe de gracia fue el presidente del TCP. Unos días después de renunciar quiere seguir siendo presidente; parece ignorar la función que desempeñaba. No estaría mal que decidiera irse a su casa.
El descalabro tiene su historia. En 2009, por solicitud de la oposición se incorpora al texto constitucional el Art. 182 – II, a través del cual se otorga a la Asamblea Plurinacional la potestad exclusiva de efectuar la preselección de postulantes a la judicatura; en tanto que los dos tercios logrados por el MAS en las elecciones del mismo año, significó instaurar la dictadura del “número” en la Asamblea, con mayor poder que la propia CPE.
