Ante el persistente incumplimiento de contratos por parte de empresas que se adjudican obras camineras en varios distritos del país, perjudicando los planes de vinculación territorial y los efectos del desarrollo de regiones, se ha dispuesto que la Administradora Boliviana de Caminos ABC, ejecute sin ninguna contemplación las “boletas de garantía” cuando el cumplimiento de obras es irregular y acusa prolongados retrasos, sin justificación evidente.
La instrucción que proviene del Primer Mandatario, surgió precisamente en Oruro a tiempo de inaugurar la ruta Ancaravi – Turco, que finalmente y con excesivo retraso se concluyó para beneficiar a miles de pobladores de las comunidades aledañas que ahora se sienten más próximos a los centros urbanos. La importante vía se prolongará hasta Tambo Quemado, con el trabajo de una empresa privada que cobrará 49 millones de dólares y se comprometió a ejecutar el proyecto en tres años, el presidente observó el tiempo de ejecución y recomendó a la ABC, renegociar el contrato para que sea ejecutado en menor tiempo.
Una apreciación de las autoridades es que las constructoras generalmente y con una serie de “artimañas” prolongan el tiempo de trabajo, pero lo hacen para elevar los precios y sacar mayores utilidades. Con la última instrucción a la ABC no habrá ampliación de contratos salvo condiciones “naturales” que sean comprobadas para justificar un mayor tiempo de trabajo, lo contrario significará la ejecución de las boletas de garantía.
En la ocasión de librar al servicio público un nuevo tramo de camino asfaltado e inaugurar los trabajos de una prolongación en la misma ruta, se comentó sobre la exagerada demora en la entrega de la ruta bioceánica entre Oruro y Pisiga, en la que han participado varias empresas, inclusive una del Batallón de Ingenieros de las FF. AA., el Servicio de Caminos y ninguna recibió sanciones por su manifiesto incumplimiento. En esa carretera se trabaja actualmente en el último tramo, uno intermedio y con las instrucciones recientes se espera que no se altere el cronograma de trabajo para contar con el corredor terrestre hacia el Pacífico en la próxima gestión.
Un comentario profesional lamenta que en el país no existan empresas ni privadas, menos públicas con la capacidad suficiente para adjudicarse obras de magnitud en la construcción de carreteras, por lo que se debe admitir a las extranjeras que presentan sus propuestas, aunque las incumplen en la mayoría de los casos, de ahí que la costumbre “institucionalizada” y no sancionada sigue siendo el factor más negativo en materia de obras camineras.
Las autoridades departamentales tienen la obligación de disponer los canales más operativos y permanentes para fiscalizar las obras que se efectúen en su jurisdicción, disponiendo inmediatamente detecten irregularidades la aplicación de las sanciones que establezcan los contratos en vigor. Si esto un sucediera, las autoridades que incumplan sus deberes serán sometidas a procesos que sean instaurados desde el Poder Ejecutivo.
En algunos casos evidentemente, también se han producido fallas en la regular provisión de recursos, alterando el trabajo de las empresas constructoras, por lo que en adelante esas fallas serán atribuibles directamente a las autoridades del Gobierno Central o de las gobernaciones, que deberán responsabilizarse por los daños que ocasione una falla en los desembolsos económicos, peor aún si se trata del manejo de recursos provenientes de organismos financieros internacionales, caso de la CAF, que en el caso de Oruro ha dispuesto un alto porcentaje de apoyo a obras camineras, como la que debe llegar a Pisiga.
Fuente: LA PATRIA
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