Señalaremos de manera contundente que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la comunicación y a la información, esto significa que no se han producido cambios sustanciales en la vigencia de esos derechos que además son parte del respeto a las libertades ciudadanas en tiempos en que rige plenamente la democracia.
Sin embargo y por una serie de hechos que son de dominio público, el sector de los periodistas ha reiterado sus reclamos por las restricciones que impiden el cumplimiento de sus tareas cuando tratan de acceder a la información pública en diversas organizaciones del aparato estatal, nacional y también se dan casos en el orden departamental.
Cuando se habla de la CPE, es bueno mencionar el capítulo séptimo que en su Art. 106 establece claramente que el Estado no sólo garantiza a trabajadores de la prensa la libertad de expresión, sino también el derecho a la comunicación y por ende a la información”.
El Art. 21 que es más amplio, señala que no es exclusivo para los medios por que los bolivianos tienen derecho a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
El Art. 242 de la Carta Magna reconoce “la transparencia de la información y del uso de los recursos necesarios en todos los espacios de la gestión pública” como parte del ejercicio del control social del pueblo soberano y por medio de la sociedad civil organizada. Esto significa que no deberían existir trabas que impidan la tarea cotidiana de la prensa para obtener información que debe llegar a la población para conocer el desempeño de funcionarios en el manejo de las entidades públicas.
Dirigentes de los organismos periodísticos, reconocen que además de lo que establecen varios artículos de la CPE, están en vigencia otras normas que tienen que ver con el acceso a la información pública, transparencia y control social; por ejemplo mencionar las leyes de lucha contra la corrupción o la de autonomías, administración y control gubernamental (Safco) y el D.S. 28168 sobre acceso a la información exclusivamente en el Órgano Ejecutivo. Como se observa hay normas, pero no se las cumple.
Sobre este delicado problema, ejecutivos de los medios de comunicación y las entidades que cobijan a los trabajadores de la prensa, coinciden en señalar que “una buena parte de las restricciones y el acceso a la información es todavía reservado y limitado”, observándose que la causa de este mal es la falta de “voluntad política”, para abrir la administración pública en todos sus niveles, a la información, activando una “cultura de transparencia” que muestre los problemas sin limitar informes, cuando se trate principalmente de temas que tienen que ver con la corrupción que se detecta no sólo en el gobierno central sino también en las gobernaciones y los municipios.
Se establece que de momento hay muchas restricciones al acceso de la prensa y los medios al aparato estatal, obstruyéndose el derecho de obtener información pormenorizada de lo que ocurre en las esferas del Estado. Se necesita simplemente, actualizar las normas, respetarlas y hacerlas cumplir, tomando en cuenta como alguien lo dijo que “solo la información reservada en contingencias bélicas u otras afines, no pueden darse a conocer” el resto debe servir para que la ciudadanía siga paso a paso el desempeño de quienes administran el voluminoso aparato estatal.
Fuente: LA PATRIA
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