Es tal vez posible alcanzar algún nivel de prestigio y notoriedad, si se quiere, desde la presidencia de alguna institución. Pero es seguro que ese cargo, por importante que sea la institución, no prueba que uno tiene la capacidad intelectual, profesionalidad, principios éticos y morales y, en muchos casos, ni siquiera el sentido común necesarios para ejercerlo de manera eficiente.
El refrán dice por eso que el hábito no hace al monje. Cierto, allá cada uno con su carga de estupidez, si lo ignora. Pero el asunto es grave cuando las acciones de uno superan los límites de la responsabilidad personal por el daño que se ocasiona a las instituciones. Suponerse con idoneidad suficiente para presidir cualquier institución por el solo hecho de haber llegado al cargo es tan absurdo como creer que el certificado de nombramiento o elección incluye experiencia y conocimiento. Sólo bajo totalitarismos irracionales se puede ejercer autoridad coyuntural para satisfacer intereses o necesidades personales.
Esa dramática realidad prueba hoy el desastre en lo más alto del sistema judicial. Todo lo que rodea a la renuncia (único hecho positivo en el embrollo) del Presidente del Tribunal Constitucional insulta a la razón, a la ética y a las leyes cuya vigencia, paradójicamente, debía preservar.
Todo podría simplemente terminar en la historia del absurdo. Pero una presidencia carente de las cualidades mínimas para ejercer ese cargo puso en crisis al sistema judicial en su totalidad. Y dejó en evidencia todas las irregularidades y atropellos del sistema político en el marco de sus planes de perpetuidad.
El remedio resultó peor que la enfermedad. Empeñado en aferrarse al cargo, terminó mostrando todas las hilachas del gobierno que lo puso a la cabeza del Tribunal. Cierto, no reveló nada, pero confirmó que existen escuchas telefónicas con fines de inteligencia política.
Eso viola el derecho constitucional a la intimidad de las personas y a la privacidad de sus comunicaciones. Acusar después a los medios de "descontextualizar" su declaración con "fines políticos" resulta estúpido porque no desvirtúa la existencia de escuchas telefónicas. Y cuando les recomienda informar "con ética" parece fábula, por sus antecedentes personales.
Pero además, el lío puso en evidencia pecados mayores. La necesidad de garantizar la perpetuidad del régimen llevó a elegir Presidente del Tribunal a un hombre funcional al interés político y dejó en el camino al poncho que había logrado la mayor cantidad de votos en octubre del 2011. Por si fuera poco, mientras se niega injerencia en la justicia, desde el poder político se amenaza con "medidas duras" si los magistrados no ponen su casa en orden hasta fin de año. ¿Independencia de poderes? Bien, gracias.
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