Sábado 22 de febrero de 2014
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Es tal vez posible alcanzar algún nivel de prestigio y notoriedad, si se quiere, desde la presidencia de alguna institución. Pero es seguro que ese cargo, por importante que sea la institución, no prueba que uno tiene la capacidad intelectual, profesionalidad, principios éticos y morales y, en muchos casos, ni siquiera el sentido común necesarios para ejercerlo de manera eficiente.
El refrán dice por eso que el hábito no hace al monje. Cierto, allá cada uno con su carga de estupidez, si lo ignora. Pero el asunto es grave cuando las acciones de uno superan los límites de la responsabilidad personal por el daño que se ocasiona a las instituciones. Suponerse con idoneidad suficiente para presidir cualquier institución por el solo hecho de haber llegado al cargo es tan absurdo como creer que el certificado de nombramiento o elección incluye experiencia y conocimiento. Sólo bajo totalitarismos irracionales se puede ejercer autoridad coyuntural para satisfacer intereses o necesidades personales.
Esa dramática realidad prueba hoy el desastre en lo más alto del sistema judicial. Todo lo que rodea a la renuncia (único hecho positivo en el embrollo) del Presidente del Tribunal Constitucional insulta a la razón, a la ética y a las leyes cuya vigencia, paradójicamente, debía preservar.
