RURELEC desnuda la otra cara de la Nacionalización
15 feb 2014
Por: Francesco Zaratti
“Si el ladrón supiera qué día el dueño va a recuperar lo suyo, haría desaparecer el botín”. No se trata precisamente de la famosa sentencia evangélica, pero pinta bien el desenlace de la controversia entre el Estado Plurinacional y la empresa británica RURELEC, a propósito de la “nacionalización” (confiscación de acciones) de la generadora eléctrica Guaracachi, realizada el 1 de mayo del 2010.
En efecto, se dijo que se trataba de recuperar “lo nuestro”, aunque “lo nuestro” hubiera sido enajenado legalmente en otro Gobierno democrático. Al final, comercialmente hablando, se hizo una “recompra” forzada y hostil de acciones.
Como sabemos, ante la falta de acuerdo (nunca se supo cuánto Bolivia estaba dispuesta a indemnizar) el precio de “recompra” tuvo que ser fijado por un tribunal internacional competente y la sentencia, como era de esperar, ha generado reacciones contradictorias desde el oficialismo.
Inicialmente y asumiendo una derrota, se dijo que se iba a gestionar la anulación de la sentencia ante tribunales holandeses, trámite que expertos en la materia descartaron por improductivo y perjudicial. Luego vino un triunfalismo engañoso que intentaba mostrar que los 41 millones de dólares (M$), que hay que cancelar a RURELEC, eran en realidad 29 M$, sólo el 20% de lo exigido por la transnacional británica. Finalmente parece haberse impuesto la racionalidad y se ha admitido que se buscará negociar los plazos del pago de los 41 M$.
A mi criterio las tres reacciones tienen su justificación. El derrotismo se basa en la credulidad de mucha gente que pensó que se podía nacionalizar sin pagar indemnización, o incluso recibiendo una compensación por daños al Estado. El triunfalismo viene de una comparación inadecuada entre las pretensiones, exageradas bajo todo punto de vista, de la empresa y el dictamen del Tribunal. Un apéndice de esa actitud es la revelación (no exenta de infantil satisfacción) que hizo el Procurador del Estado Plurinacional en sentido de que las acciones de RURELEC habían bajado 26% a raíz de la sentencia. Y, finalmente, la actitud pragmática surge del sereno análisis jurídico y del oportunismo de reconocer la competencia de tribunales internacionales en medio de litigios más sustantivos.
En el fondo, la sentencia de La Haya desnuda los límites de la Nacionalización del siglo XXI. La fuerza de una nacionalización, o confiscación que sea, radica en la sorpresa. Es la oportunidad, legítima y legal, que tiene el Estado de apropiarse de un bien privado para utilidad pública. Hay que reconocer que funcionó con la “nacionalización” de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, la cual obligó a las empresas a renegociar los contratos petroleros, pero a partir de ese momento “el ladrón supo que el dueño iba por el botín” y no se quedó de brazos cruzados.
Dos años después, cuando le llegó el turno a ENTEL, Telecom Italia ya había dejado de invertir, había acumulado deudas y repatriado todo el dinero que pudo, ante la vista gorda de autoridades del ramo. A su vez, los socios de Guaracachi tuvieron cuatro años para reaccionar; se endeudaron hasta la médula, sacaron del país lo que pudieron y dejaron la turbina de ciclo combinado a medio instalar para que, una vez “nacionalizada”, unos técnicos incompetentes la quemaran.
En verdad y para descargo del Gobierno, era humanamente imposible nacionalizar de golpe todas las empresas capitalizadas. La “descapitalización” tuvo muchas y diferentes batallas a lo largo de los últimos ocho años, y la guerra aún no ha concluido. Sin embargo, sigue siendo una guerra anunciada que no sólo no mata moros sino que ha costado y costará mucho dinero al Estado.
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