Sábado 15 de febrero de 2014
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En abril se cumplirán dos décadas de la Ley de Participación Popular, la última medida legal desde la Reforma Agraria que modificó sustancialmente la democracia formal, la relación de los ciudadanos con el Estado y reconfiguró el imaginario territorial con la incorporación, paulatina pero plena, de todos los rincones de la nación.
La Participación Popular fue el único momento real moderno de redistribución de la riqueza y el inicio de la descentralización fortaleciendo los gobiernos locales, aunque el proceso fue truncado por la Ley Corazón de la Megacoalición y por el neo centralismo del actual Estado Plurinacional.
Posiblemente no existirán brindis por la tendencia masistas de no aceptar las lecciones de la historia y de sus protagonistas, pero ningún discurso borrará el significado de esa medida en la profundización de la democracia participativa, la incorporación de los actores rurales, la participación del mundo indígena en las primeras planas noticiosas y la visibilización del rol de las mujeres en las políticas públicas.
Fue también una etapa de feliz convivencia entre el Estado, la cooperación internacional que adoptó la agenda boliviana de la coparticipación para la agenda mundial. Aunque las ONGs y la propia Iglesia Católica perdieron parte de su rol de intermediación entre los sectores menos favorecidos y el Palacio de Gobierno, asumieron entusiasmadas los muchos espacios de trabajo que creó la PP. Ninguna ONG europea fue expulsada; al contrario, se dio la bienvenida incluso a las más radicales defensoras del Medio Ambiente o de la coca.
