En fecha 7 de febrero del 2009, entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), al ser promulgada por el Presidente Evo Morales, tras un periodo de análisis y propuestas que se inició el 6 de agosto de 2006 en la Asamblea Constituyente que elaboró el texto cuya aprobación se produjo dos años después el 2008 en el Legislativo en base a un acuerdo político que llevó el asunto a un referendo que se cumplió el 25 de enero del 2009 y finalmente con una aprobación del 61.43% de votos fue aprobada y promulgada finalmente un 7 de febrero del 2009.
Según refieren los datos cronológicos de lo que sucedió en la Nación, el nuevo instrumento que cumplió cinco años de vigencia, se constituye en el decimoséptimo instrumento constitucional que se aprueba en más de 180 años de la historia boliviana.
El instrumento político gobernante contrajo un serio compromiso a tiempo de promulgar la nueva Carta Magna, asegurando la implementación de un centenar de leyes para desarrollar la aplicabilidad de la normativa con miras a un cambio sustancial del sistema, haciéndolo más inclusivo y participativo, de modo que la gran mayoría de los bolivianos sientan el cambio de un proceso tradicional por otro emergente de justicia, equidad, con libertad y democracia.
Por lo menos eso se rescata de la intención manifiesta de los gobernantes para aplicar la CPE, que sin embargo y a cinco años de su aprobación, no ha cumplido aún esas metas inclusivas y “ampliamente participativas”. Al interior del partido oficialista se reconoce que los avances no son los suficientes para satisfacer la expectativa ciudadana, especialmente en lo que corresponde al proceso de aplicación de las autonomías, que siguen siendo sólo parte de una teoría que no funciona y por tanto se mantiene el centralismo administrativo que frena el desarrollo de las regiones.
La administración vigente reconoce que si bien hubo un avance al aprobarse un 60% de las leyes estructurales, el restante 40% tiene mucho que ver con instrumentos “claves” para el desarrollo nacional, el caso de las leyes de inversión, la de hidrocarburos, el Código Minero, leyes ambientales, las que tienen que ver con modernizar y jerarquizar el sistema jurídico nacional, en síntesis se observa que la falta de decisiones de política administrativa, antes que la política partidaria están frenando una objetiva transición del anterior proceso calificado como tradicional a un nuevo Estado que tenga plenitud en su forma institucional, con instrumentos como la Ley del Órgano Electoral, el sistema judicial, el Tribunal Constitucional y la Ley de Autonomías que merecen complementaciones reglamentarias para su plena utilidad.
En ciertos niveles políticos se hace notar la inexistencia de una Ley que regule la actividad legislativa, para hacerla dinámica y pragmática en servicio de la colectividad, no existe esa normativa y ahí está la falla en el trabajo legislativo.
En cinco años de vigencia de la joven CPE, es la falta de legitimidad en las instituciones políticas y jurídicas que debe someterse a un rígido cumplimiento de normas, lo que no sucede por la carencia de reglamentos que debían haber sido aprobados en tiempo límite de seis meses y están demorando años en su redacción y su lógica aplicación.
Se cuentan algunos avances, pero hay muchas falencias, por lo mismo hacen falta decisiones políticas estructurales para fortalecer el Estado con instituciones sólidas, independientes, pero sobre todo absolutamente legítimas.
Fuente: LA PATRIA
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