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Iglesia defendió los Derechos Humanos de los criollos
10 feb 2014
Fuente: LA PATRIA
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La iglesia tuvo un rol importante en defensa de los Derechos Humanos en la revolución del 10 de Febrero de 1781, debido a que algunos curas apoyaron y velaron por los criollos, lo que motivó que posteriormente estos sean sometidos por los europeos a las más crueles penas siendo encerrados en calabozos, torturados y despojados de todos sus bienes materiales.
Los más afectados por esta situación según el libro de Fernando Cajías “Oruro 1781: Sublevación de Indios y Rebelión Criolla”, fueron los criollos quienes no tenían un partido fuerte que abogara por los campesinos indígenas.
Ante los constantes abusos de los europeos, integrantes de la Iglesia, vivieron la crisis europea-criolla de los partidos en pugna y no quedó encerrada en los claustros, lo que motivó que exista una división entre curas del partido europeo y curas del partido criollo.
MENÉNDEZ
Para los europeos el vicario Patricio Menéndez actuó como uno más de los caudillos rebeldes para sus defensores como pacificador aunque nadie declaró en su contra tras ser acusado de la extradición de dinero de las Cajas Reales, anunció, la llegada de Túpac Amaru, ofreció a los indios las entradas de su curato, conspiró para acabar con los europeos y tuvo correspondencia con los rebeldes.
Posterior a las acusaciones de que fue objeto, estuvo preso durante seis años, completamente incomunicado en un cuarto obscuro, húmedo e improvisado no tenía luz solo podía ver a través de una ventana enrejadas para el ingreso de sus alimentos.
Recuperó su libertad cuando ya estaba anciano y pobre después de haber sido declarado inocente.
MARIANO BERNAL
Otro de los curas detenido por la misma situación fue el presbítero Mariano Bernal, cura de Paria, detenido cuando realizaba su labor en Challacollo, acusado de ser uno de los principales de la sublevación del 10 de Febrero al leer a los indios edictos de Túpac Amaru, de haber participado en el acto de contrición que absolvía a la plebe e indígenas de los saqueos.
Como ascendencia indígena, cuando surgió la división entre criollos e indios colaboró con la salida de estos últimos de la población de Paria, retornando a las filas eclesiásticas que defendían Oruro.
Una copia de felicitación por su trabajo fue enviada por Jacinto Rodríguez quien le nombró capellán de los batallones de Oruro, el documento fue presentado en su contra en un juicio.
Después de un juicio que duró varios años, en febrero de 1788, fue acusado por ser aliado de los insurrectos y de Túpac Amaru, momento desde el día que se desconoce si fue confinado en alguna provincia.
MANUEL DE AMÉZAGA
Un tercer eclesiástico acusado de ser colaborador de la conspiración, fue Manuel de Amézaga, cura de San Pedro de Challacollo provincia de Paria, ejercía el cargo de cura y vicario del beneficio de San Pedro de Challacollo y fue acusado de ser uno de los principales divulgadores de la “especie” sobre la traición de los europeos que precipitó de los acontecimientos.
Su caso duró dos años hasta que le restituyeron a su curato y aparecía en los libros de Cajas Reales aunque se desconoce cómo terminó su vida.
ISIDORO VELAZCO
El último cura que fue detenido acusado de ser parte de la sublevación fue Isidoro Velazco, presbítero de Sora Sora contra quién se tenía una acusación general de haber participado en la sublevación y a pocos día de haber sido apresado falleció sin dejar testamento.
Por esta circunstancia no se conoció sobre su participación en la revolución del 10 de Febrero de 1781.
Es de esta forma cómo la Iglesia Católica que en esa época era considerada como una poderosa institución, no fue indiferente a estos hechos como siempre ha sucedido en las luchas políticas, lo que provocó que algunos de sus integrantes hayan vivido una de las más duras persecuciones al no haber logrado que sus principales acusadores sean los del partido europeo.
BIBLIOGRAFÍA
Cajías de la Vega, Fernando
2011 Revista Historias de Oruro Nº 10, MAC Impresiones SRL, Oruro – Bolivia
Torres Sejas, Ángel
1994 Oruro en su Historia, Empresa Editora “Urquizo” S.A., La Paz - Bolivia.
Fuente: LA PATRIA
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