Prácticamente las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron que el presente año no se aprobará y por lo mismo no se aplicará el Pacto Fiscal, establecido en la Ley de Autonomías y que define la redistribución de recursos económicos a los departamentos.
Se esperaba que el Pacto Fiscal debía ser conocido de manera oficial el último día del pasado mes de enero de acuerdo a una instrucción emanada en julio del año pasado, pero que según la ministra de autonomías, Claudia Peña, lo que se hizo entonces es conocer las cifras referidas a la cantidad de población en cada uno de los municipios, para que (en enero) se tenga un documento con una propuesta redistributiva de recursos.
Fue el Vicepresidente del país que anticipó oficialmente la imposibilidad de aplicar el Pacto Fiscal con un supuesto plazo, cuando lo que corresponde es abrir espacios de mayor análisis de un tema que tendrá importancia capital en la economía de todas las regiones del país.
El plazo pudo o no funcionar, pero lo que sucede es que al interior del Poder Central se analizó el tema y se convino en descartar la aplicación del Pacto Fiscal en la presente gestión considerada electoralista y con el riesgo de que cualquier determinación relacionada con asignación de recursos pueda ser politizada por los partidos políticos, se entiende de la oposición.
Lo que prevalecía en el supuesto plazo (ya cumplido) es que la aplicación del Pacto Fiscal no demoraría más de seis meses después de publicados los resultados iniciales del censo, empero en la cartera de autonomías se aclara que “los datos del censo con los que cuenta la entidad no están completos”.
Decididamente según las autoridades de Gobierno el tema del Pacto Fiscal no puede ser negociado en un año electoral “por el temor de que los partidos de oposición politicen el tema en un año electoral”, afirmó la ministra de Autonomías y el asunto no va más.
La aplicación del Pacto Fiscal conlleva una serie de responsabilidades en lo que corresponde a la asignación de recursos a las regiones y merece por tanto definiciones que tomen en cuenta aspectos de equidad, principios de igualdad y solidaridad entre los departamentos y municipios, de modo que los recursos del Estado satisfagan plenamente las expectativas de los bolivianos, evitando que el “factor población” sea la causa de profundas desavenencias entre los distritos y municipios.
Lo que apena es que por esa situación de plazos no establecidos de manera adecuada o desconocidos circunstancialmente por razones de orden político los trámites que avanzaban para definir los reglamentos autonómicos departamentales sufrirán una nueva demora, con justificación oficial que paraliza la consolidación esquemática de fortalecer los gobiernos autónomos departamentales para neutralizar la injerencia centralista que todavía es causa de muchas alteraciones en la ejecución presupuestaria de municipios y las gobernaciones.
Se descarta la aplicación del pacto fiscal en la presente gestión, por lo mismo se espera que sean dispuestas medidas transitorias, que no alteren de manera terminante el trabajo de consensuar el documento autonómico y definir la estrategia de desarrollo departamental. Por supuesto que el asunto de las cifras sobre asignaciones es determinante para saber con qué recursos se puede contar oficialmente y este dato no será revelado durante este año en que la suspicacia política predomina en el ambiente electoralista.
Fuente: LA PATRIA
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