Miercoles 29 de enero de 2014
ver hoy
El abuso de poder político sobre los medios de comunicación, el periodismo y los periodistas tiene múltiples facetas, desde actitudes políticas, persecuciones, amenazas judiciales, procedimientos administrativos, censura –uno de los más eficaces de la política, que anula la información como resultado de su aplicación–, facultades sancionadoras gubernamentales sobre los medios, como la Ley 045 o las restricciones insertas en la Ley del Régimen Electoral, favores a periodistas, en fin, todas las formas que pudiera poner en práctica su inventiva.
Todas ellas tienen una sola orientación; el control de la información y por tanto el sometimiento de la libertad de expresión, por vía de los secuestros temporales, como sucede con los canales de televisión y radio que deben retransmitir, en cuantas ocasiones así lo exigiera el poder, las incitativas gubernamentales disfrazadas de informe de actividades, o la inserción obligatoria de avisos en los periódicos no dependientes del Estado.
Ocurre que en los últimos días, algunos periódicos pertenecientes a la iniciativa privada, han recibido órdenes del Gobierno de publicar gratuitamente, en media página y a colores, avisos, que si bien tienen carácter social de persuasión contra una de las formas de violencia que afecta a nuestra sociedad, como es la trata de personas y la prostitución, no por ello, sin embargo, dejan de ser formas de intervención en la propiedad privada, por encima de preceptos constitucionales que amparan las actividades de este sector.
