Son alarmantes las denuncias hechas públicas por organizaciones afines a la industria y el comercio legalmente establecidos en el país y que deben lidiar en desigual condición con el contrabando y la informalidad comercial que ha ganado las calles de las ciudades y pone en riesgo a empresas y comercios, cuya producción y venta legales están por encima de los precios de una gran cantidad de mercadería china y ropa usada.
Por un lado se menciona que muchos productos se introducen mediante la importación legal, pero se trata de productos de masiva manufactura en la industria china, cuya calidad está lejos de igualarse a la producida de la industria nacional, resistente, elegante y durable, especialmente en el rubro de textiles, el hecho es que el producto nacional no puede competir en precio.
Un reciente informe de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), señala entre otras cosas que el contrabando de ropa usada duplicó la cifra de 80 millones de dólares del 2011 a 160 millones al cierre de la gestión el 2013, ese movimiento económico ilegal constituye un gravísimo problema al sector manufacturero textil.
Según autoridades de la Aduana Nacional está prohibida la importación de ropa usada, sin embargo los mercados nacionales y especialmente el de Oruro, están saturados de esa mercadería, que por supuesto ingresa de contrabando.
Se trata de toneladas en centenares de fardos que provienen del mercado norteamericano o países de Asia y que se desembarcan en puertos de Chile, el caso de Arica o Iquique desde donde se distribuye a los mayoristas del negocio que se dan modos para que la mayor parte de esa mercadería llegue a buen destino en algún depósito camuflado de alguna población rural o hasta un tinglado en la zona sur de la ciudad de Oruro.
La secuencia en la aplicación de las prohibiciones comienza con la aprobación del Decreto Supremo (D.S.) 28761 que prohíbe importar ropa usada hasta el 21 de abril de 2007 y la comercialización de ese producto sólo era admitida hasta el 1ro de marzo de 2008. Mediante el D.S. 29521, ese plazo se amplió por un año hasta el mes de abril de 2009. De ahí en adelante, y conste que estamos en el 2014, no se conoce otra disposición que ponga freno a esa internación masiva de ropa usada, que se comercializa abiertamente no sólo en puestos callejeros sino en galerías y tiendas reconocidas en su funcionamiento.
Frente a esa competencia la industria nacional y los emprendimientos de la mediana y pequeña empresa quedan en muy difícil situación, tan grave que en muchos casos el remedio fue el cierre de negocios legales y la desocupación de decenas de operarios, sin que exista un remedio eficaz, serio y justo para defender los negocios que están legalmente establecidos y que tributan de manera sostenida.
El dramático cuadro se complica mucho más con la actividad del siempre creciente mercado informal, que vende la mercadería barata, la ropa a medio uso y todo lo que puede ser de interés ciudadano, especialmente por las condiciones de precio, que evidentemente llegan a una mayoría de personas cuyos presupuestos “sociales” obligan a buscar lo más barato sin que importe la calidad.
El mercado informal se convierte en el mayor evasor comercial y sin embargo con ciertas libertades para su funcionamiento, en tanto que comercios de limitado capital pero con registro en el SIN, sufren el embate de los inspectores que hacen cumplir la exigencia de emisión de la nota fiscal, así sea por mínimas ventas, mientras los informales evaden el pago de cuantiosos impuestos, sólo por estar agrupados en “organizaciones sociales”.
Fuente: LA PATRIA
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