Día que pasa se observan afanes electoralistas entre los partidos políticos, de la oposición y el oficialista, por supuesto que en diferentes condiciones pero con un mismo objetivo que está dirigido a captar la atención ciudadana ante un próximo evento democrático como son los comicios, posiblemente en octubre.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja aún en la redistribución de las circunscripciones uninominales, tarea que deberá concluirse hasta fines del presente mes, cuestión de una semana más, para aplicar en febrero el calendario electoral sustentado en su convocatoria respectiva.
Se entiende que la nueva cartografía será determinada finalmente en función a los datos y criterios de población, afinidad territorial y vías de comunicación habilitadas para una plena vinculación comunitaria. De momento ya existiría una reasignación hecha por el TSE que establece la disminución de diputados uninominales en una proporción de 70 a 63 y el incremento de uninominales de 53 a 60. Así se mantiene el número de 130 escaños que serán ocupados por 70 uninominales, 53 plurinominales y 7 indígenas. Con tal fórmula empleada por las autoridades electorales, tres departamentos, Potosí, Chuquisaca y Beni pierden un escaño y Santa Cruz se beneficia con los tres.
Este tema, aparentemente superado, tiene todavía algunos inconvenientes de orden regional pues no resulta tan sencillo perder parlamentarios, aunque en el hecho real uno más u otro menos no soluciona el factor de equilibrio en la representación regional en la Cámara Baja.
Hay un trabajo intenso en el TSE, que en la presente gestión deberá definir la administración de dos procesos eleccionarios, el de octubre venidero con las elecciones generales y en febrero del 2015 las elecciones regionales, que resultan dos procesos para un estreno práctico del ente electoral.
Hay tareas importantes de por medio, el caso de mantener abierto el registro biométrico para nuevos ciudadanos o los que confrontaron problemas con su ficha pertinente, por otro lado definir lo que ocurrirá con el registro de los ciudadanos que se inscriban en el exterior y algo que en este momento resulta crucial y tiene que ver con la propaganda electoral, que según el TSE no puede divulgarse antes de la convocatoria oficial, y sin embargo sucede que ya se comenzó con esa campaña, aunque el organismo oficial aclaró que “la entrega de obras por parte del Ejecutivo no se considera campaña electoral, ya que se trata de un proceso regular de gestión administrativa que debe cumplirse para beneficio colectivo y no puede suspenderse por el proceso electoral”.
El otro asunto, no menos peliagudo, es el referido al manejo de fondos para los partidos políticos en el proceso de las campañas, un asunto que por lo menos de momento no tiene solución aparente, pues las dos posiciones existentes tienen su peso específico, como el oficialismo que no aprueba la subvención, mientras que los opositores creen que una distribución de recursos del Estado para los fines de campaña haría más equitativa esa labor, permitiendo que todos los contendientes del proceso puedan tener los mismos espacios de divulgación de sus programas y sus fines electoralistas.
Finalmente hay que señalar que las organizaciones políticas, partidos, agrupaciones ciudadanas, frentes o alianzas no han definido su estrategia de campaña electoral a través de las redes sociales, que en el tiempo actual abren un abanico de posibilidades de llegar a miles de electores. Este fenómeno de la tecnología no se sabe si será o no reglamentado, de momento y en forma independiente algunos frentes tienen ya miles de seguidores en sus páginas y blogs vigentes.
Fuente: LA PATRIA
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