Ahora más que nunca y en la mayoría de las ciudades hace falta una expresa regulación sobre el uso de las vías públicas que además es un derecho de toda persona, allí donde desempeñe sus cotidianas actividades.
Es necesaria una reglamentación en vista del crecimiento poblacional que se ha ido concentrando en las capitales departamentales, en unas más que en otras debido a la migración campo ciudad y a otros factores especiales que muestran también el aumento descontrolado del parque automotor que tiene un registro próximo al millón trescientos mil motorizados a nivel nacional, lo que ocasiona el colapso de vías especialmente en las zonas centrales, donde la congestión dificulta el tránsito de coches y personas.
A estos hechos se suma otro que por su irregularidad constituye uno de los mayores atentados a la seguridad de los transeúntes que han perdido de manera paulatina el derecho al uso de las veredas o aceras y, en proximidades de los centros de abasto, inclusive de las calzadas. La transgresión es de un conglomerado social identificado como el comercio informal que se ubica donde quiere y como sea.
Increíblemente, según los propios infractores, su posicionamiento en las calles tiene un costo, mínimo en todo caso, pero que se ocupa de recaudar un funcionario municipal, por lo tanto ese pago diario y en algunos casos semanal o mensual, otorga derechos de uso de un sitio determinado, alterando la vía pública de la que resultan expulsados los ciudadanos de a pie.
Se ha emitido muchas ordenanzas, no menos instructivos prohibitivos para evitar el caos en las calles de la ciudad, empero se impone la fuerza social de un grupo numeroso en su formación que hace caso omiso de todas las disposiciones municipales y cumple su objetivo de facilitar una actividad para que centenares de desocupados puedan obtener un ingreso diario de subsistencia familiar, por tanto se trata de un caso complejo, entre la urgencia de ordenar la ciudad sin cortar los ingresos de sostenimiento económico de desocupados convertidos en eventuales comerciantes.
Frente a este caótico estado, circunstancialmente admitido, lo mínimo que debería aplicarse es una severa reglamentación que exija el mínimo cumplimiento de normas, pero al mismo tiempo permita la temporal presencia de comerciantes, debidamente ubicados sólo en parte de las vías públicas, respetando en todo caso las aceras y en ciertos sitios despejando las calzadas para dar paso a una fluida circulación de personas y motorizados.
Este es un problema que continuará en la medida en que no se defina mayores espacios en un moderno centro de abasto y ampliando las actuales estructuras de los vetustos mercados del centro de la ciudad, el caso del Fermín López y el Campero, este último que ha sido refaccionado, pero no ampliado, lo que hace falta es justamente que estos centros de abasto se amplíen con la construcción de por lo menos uno o mejor dos pisos más. En La Paz es lo que ha hecho la Alcaldía en dos grandes mercados del centro urbano.
Por otra parte y en respeto al derecho del uso de las vías públicas, las veredas para los ciudadanos y las calzadas para los motorizados, sólo puede darse una solución transitoria con una reglamentación técnica – social, cuya elaboración debe ser iniciativa de Concejales en consenso con dirigentes cívicos, vecinales y también gremiales y comerciantes informales. Hay urgencia de salvar la ciudad de la peligrosa y caótica situación actual.
Fuente: LA PATRIA
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