No sólo en el presente desde siempre la “inspección vehicular” es un tedioso acto que deben cumplir los propietarios o los choferes de motorizados en general, sean particulares o de servicio público, cuando se dispone fechas con plazos que siempre son ampliados para tal cometido.
Hay muchas dudas sobre la eficiencia del referido control, pues se da el caso que la mayoría de accidentes de tránsito en las calles y en las carreteras, de acuerdo a los propios informes policiales, se deben a fallas técnicas y en otra proporción no menos alarmante a fallas humanas. Consiguientemente la tal inspección vehicular parece que no cumple el requisito de prolijidad exigible.
Lo evidente es que existe en la actualidad un “parque automotor” de miles de motorizados, entre particulares y los de servicio público, por tanto más allá de los fines de recaudación que efectúa la dependencia policial, es menos que imposible cumplir con una rigurosa inspección técnica que justifique el motivo de un largo periodo, en el que los perjuicios son notables para los propietarios o choferes de tanto motorizado.
El funcionamiento de algunos puestos de inspección en la ciudad no es suficiente para cumplir la revisión de la enorme cantidad de coches, por tanto si no se amplían los plazos, inclusive más allá de los racionalmente calculado, es evidente que muchos motorizados no tendrán la “roseta de inspección”, salvo que la misma sea obtenida por otros medios ante el cansancio de quienes se ocupan del tedioso trabajo de controlar centenares de motorizados.
Ahora bien, la ampliación del plazo previsto para la inspección no siempre permite facilitar de manera cómoda para el conductor y eficiente para los funcionarios policiales, ese control que se supone riguroso y sin embargo por la presión que ejerce la cantidad de coches resulta nada más que un motivo para comercializar una roseta, que en otras circunstancias podría entregarse sin provocar tanto perjuicio.
Todo ciudadano tiene obligaciones que cumplir, sean profesionales, de trabajo comercial, independiente o bajo riguroso control de su actividad en su centro laboral, por tanto no es posible alterar esa situación obligando al ciudadano a efectuar largas filas y perder quién sabe más de media jornada laboral.
La renuencia del transporte público tiene que ver también con su actividad, pues obtiene su ingreso trabajando cotidianamente, por lo que sumarse a una larga fila de inspección le significa una fuerte pérdida en el cumplimiento de su plan laboral. Para evitar este problema podría disponerse comisiones que inspeccionen esas movilidades en sus paradas.
En realidad la inspección vehicular representa un enorme perjuicio para todos los ciudadanos que deben lograr la “revisión técnica” de su motorizado, un tiempo que por supuesto no puede ser reemplazado, máxime si se trata de algún empleado con horario fijo o un chofer de servicio público que perdieron mínimamente medio tiempo de su jornada habitual.
Este asunto de la “inspección vehicular” necesita ser replanteado por los técnicos de la Policía Operativa de Tránsito, de modo que se disponga de mayor personal en más sitios de inspección o finalmente que se planifique la revisión técnica en por lo menos medio centenar de estaciones de servicio o talleres mecánicos, donde se destine a un funcionario policial, pero se deje la tarea de revisión a personal conocedor de la materia, claro está que tendría que aplicar un valor a ese trabajo que muy bien podría ser restado del importe que se paga actualmente por la tediosa inspección vehicular.
Fuente: LA PATRIA
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