Proceso electoral avanza sin ley

Diariamente se difunden y se publican noticias que tienen que ver con un proceso electoral que sin haber sido oficializado por convocatoria legal ya está en marcha, aunque en el Tribunal Supremo Electoral se desgañiten señalando que “no hay autorización para ninguna campaña política electoral”.

Algunos partidos políticos están empeñados en formalizar su estatus jurídico, es decir lograr o recuperar su “licencia de operaciones” con miras a las próximas elecciones del mes de octubre, si no hubieran variantes sustanciales en la idea original del Poder Ejecutivo.

Preocupa profundamente que la Asamblea Legislativa Plurinacional no hubiese considerado como prioridad de su trabajo la consideración de una nueva Ley de Organizaciones Políticas. Los legisladores cerraron su labor aprobando en la gestión pasada 131 leyes, fundamentales las menos, declarativas y administrativas en buena cantidad, pero dejando para la nueva legislación el tratamiento y la aprobación de lo que se conoce también como la Ley de Partidos Políticos.

No hay nueva ley y por lo mismo todavía se discuten algunas formas para la aplicación de la convocatoria a elecciones, instrumento que reglamentará la participación de los partidos y sus aliados, elección de candidatos y el lanzamiento oficial de las campañas para motivar la conciencia ciudadana.

Justamente otro de los factores importantes que se espera sean regulados cuanto antes tiene que ver con el financiamiento o no de las campañas, pues los altos costos que prevalecen actualmente en los medios obliga a los políticos a realizar fuertes inversiones, que no siempre pueden ser financiadas y que de funcionar libremente puede ocasionar serias distorsiones en función a su procedencia y el poder de su origen, por lo mismo se espera una resolución que aclare si como sucedió antes se dispondrá de presupuestos limitados para los partidos que presenten candidatos.

Cuando se habla de campañas políticas, sin lugar a dudas que el ingrediente más importante tiene que ver con la relación entre dinero y política, candidatos y campañas, partidos o alianzas y sus posibilidades estrictamente financieras. No hay manera de sustraerse del procedimiento materialista, pues lo contrario sería negar la urgencia de contar con los recursos adecuados para competir en igualdad de condiciones, algo que en la actualidad, según los candidatos, no se toma en cuenta justamente por la carencia de una normativa especial y aún más por la demora en lanzar una convocatoria democráticamente viable.

Aunque el tiempo apremia no se descarta, según el oficialismo, que en los primeros meses de la nueva legislación se incluya con carácter de urgencia el tratamiento de la Ley de Organizaciones Políticas con el fin de normar con mayor sentido de equidad y justicia la participación de los partidos, las organizaciones ciudadanas y entre éstas la conformación de frentes o alianzas que promuevan a candidatos cuya idoneidad sea garantía para el manejo de la administración estatal. Mientras tanto hay que reconocer que el proceso electoral nacional ya avanza…sin ley.

Fuente: LA PATRIA