El desafío lanzado por el Presidente Evo Morales en la reunión de Gabinete ampliado, realizada en el municipio de Villa Tunari el pasado fin de semana, para “acelerar la reducción de la pobreza” resulta interesante, además por los antecedentes expuestos y los reclamos fundamentados que hace ver que factores externos frenan y postergan el desarrollo de los pueblos y por supuesto de los bolivianos.
Morales criticó la actitud de algunos alcaldes de municipios rurales de Oruro que “esperan algunos regalitos de las empresas” que se adjudican proyectos para dotar de moderna infraestructura, como la doble vía Caracollo-Colomi, que no fue adjudicada por temor de las empresas a ser chantajeadas por autoridades provinciales, por el uso de materiales agregados (grava y arena) de bancos ubicados en zonas beneficiarias del proyecto.
Esa actitud fue calificada como una inconducta de las autoridades que en vez de apoyar la ejecución de los proyectos, primero esperan “algunos regalitos” que consiste en el pago por el uso de los agregados, el alquiler de volquetas, equipo y maquinaria pesada, así como una pretendida participación societaria de los pobladores rurales que condicionan a las empresas que se adjudican las obras.
El Primer Mandatario también puso en duda el trabajo de supervisión que cumplen algunas empresas o profesionales en el seguimiento de la ejecución de proyectos, señalando que habría cierta complicidad porque encarecen las obras y se autoriza el incremento de algunos ítems y no se respeta el costo con que se adjudicó el proyecto. No abundó en detalles de los “diezmos” o comisiones que se pagarían a los supervisores, pero dejó entrever que habrá mayor control para evitar que eso suceda.
La preocupación de Evo Morales, alcanzó a la producción de quinua, señalando que por los beneficios que reporta el cultivo de este cereal (más conocido como el “grano de oro” en Europa y Estados Unidos cuya nominación fue propiciada desde la década de los años sesenta por Basilia Lafuente Rodríguez, principal impulsora y promotora de la quinua y su rica y variada culinaria, quien dejó de existir el fin de semana a la edad de 89 años) muchos abogados y licenciados; entre economistas antropólogos y hasta ingenieros, están retornando a sus comunidades de origen para sembrar la quinua y tener importantes ganancias, luchando así contra la pobreza.
Antes se preocupaban de ir a las ciudades por gozar de los servicios de agua, luz y telecomunicaciones pero ahora como tienen esos beneficios están volviendo a las provincias -manifestó el presidente Morales- lanzando un desafío para aprovechar al máximo el uso del satélite “Tupac Katari” a fin de alcanzar el mayor provecho posible. De ser así, la Universidad Técnica de Oruro en alianza estratégica con la Federación de Empresarios Privados de Oruro, impulsan la instalación e implementación del Primer Parque Tecnológico de Bolivia para la provisión de software a nivel internacional y estas instituciones a través de sus ejecutivos están decididas a “exportar conocimiento”, propuesta que sin duda debe ser bienvenida a nivel del Poder Central y viabilizada por el Presidente para mejorar los ingresos de los orureños, generar fuentes de empleo y luchar contra la pobreza.
Las alternativas de desarrollo se construyen desde las regiones y el hecho de no haber sido adjudicado el proyecto de la doble vía Caracollo-Colomi, motivar preocupación y obliga a una acción enérgica de las autoridades departamentales, porque no se puede permitir semejante abuso en los municipios provinciales que ahuyentan a las empresas que quieren ejecutar proyectos, generando inseguridad jurídica y lo que es más cometiendo delitos al usurpar funciones, ejercer de facto algunas tareas y lo que es peor condicionar el pago de ilícitos que son claros signos de corruptela que denunció el propio Presidente Evo Morales.
Esos abusos y atropellos deben terminar, no se puede permitir que las autoridades de las provincias tengan un empoderamiento tal que ni siquiera respeten el derecho de sus propias comunidades, quienes están usufructuando y aprovechando en beneficio personal, en detrimento de la población orureña.
Las autoridades que cometen esos abusos deben ser identificadas y sancionadas, porque no se puede anteponer el beneficio personal, al derecho colectivo del bien común, como en este caso la construcción de una moderna vía carretera, proyecto que quedará postergado indefinidamente por la actuación arbitraria e ilegal de algunos alcaldes de los municipios rurales.
Ojalá sea el propio Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia quien instruya que se sancionen ese actuar y no se quede la denuncia sólo en un comentario que es perjudicial, porque compromete la investidura de Evo Morales, quien al conocer los hechos ilegales estaría encubriendo un abuso que cometen en contra de las propias instituciones del Estado que licitan y no pueden adjudicar obras.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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