Al filo de la gestión fue promulgada la Ley de la Empresa Pública que recupera un modelo de economía estatal, con un marco institucional que aplica un régimen especial a las empresas públicas.
Para el efecto el Ejecutivo ha diseñado un modelo que funcionará bajo la supervisión de un Consejo Superior Estratégico de la empresa Pública cuya sigla es Coseep, se trata de una institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Presidencia y forma parte del marco institucional de la gestión empresarial pública y contribuirá al fortalecimiento de las empresas públicas.
La Ley establece también la organización de empresas de tipología diferente que serán estructuradas en cuatro formatos especiales como la Empresa Estatal (EE) propiamente dicha, la Empresa Estatal Mixta (EEM), la empresa Mixta (EM) y la Empresa Estatal Intergubernamental (EEI), cada una con un diferente modo accionario, aunque en todas prevalece por su característica la mayor participación accionaria del nivel central estatal.
En la justificación para aplicar la Ley de Empresa Pública, se menciona que “ahora los bolivianos servidores públicos deben demostrar que sabemos administrar nuestras empresas públicas para que sean rentables”, añadiéndose que en adelante no debe haber ineficiencia ni improductividad, para no volver al esquema del pasado negativo del neoliberalismo.
El enfoque estatal sin embargo tiene una lógica reacción en el empresariado privado que establece su preocupación porque la nueva Ley profundizará el estatismo y otorgará vía libre para que las empresas públicas puedan realizar diversas actividades en sectores estratégicos y no estratégicos de la economía nacional en franca competencia con el sector privado.
Los empresarios privados observan que “el Estado incursionará bajo el concepto de “carácter social” en todas las actividades de la economía generando una competencia asimétrica para las empresas privadas formalmente establecidas, lo que significa que la ley profundiza el camino hacia el estatismo de la economía”.
En el caso del gobierno se indica que la Ley de Empresa Pública permitirá que con el modelo establecido puedan crearse entidades estratégicas dependiendo de su estructura societaria y que particularmente incursionarán en los rubros de hidrocarburos, minería, energía, transporte y telecomunicaciones con el objeto de producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo productivo del país.
Como consecuencia de la aplicación de la nueva ley, las empresas estatales están obligadas a adecuarse al Código de Comercio dejando de ser reguladas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco) que fiscaliza y controla el manejo de los recursos públicos.
Las líneas de juego han sido trazadas, ahora dependerá en adelante que se cumplan los objetivos de incentivar la productividad nacional, pero sin crear condiciones adversas a las actividades y las inversiones privadas, tomando en cuenta que el aporte del sector es muy importante a la creación y sostenibilidad de empleos seguros que necesitan estímulos y no restricciones a sus tareas regulares. Es realmente un reto a las iniciativas del Estado como a las del empresariado privado, para conjugar un interés de mutuo beneficio a favor de la comunidad. Hay una obligada tarea oficial para cambiar la imagen de ineficiencia que rodea aún a las empresas estatales.
Fuente: LA PATRIA
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