Muerte de Bakovic mostró una justicia insensible y politizada

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La muerte del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic, mostró el lado más cruel de la justicia y del Ministerio Público, al constituirse en la tercera víctima de la negligencia médica forense e insensibilidad de los representantes del nuevo Órgano Judicial y Fiscalía General del Estado Plurinacional, respectivamente.

El fallecimiento de Bakovic a los 75 años, fue lamentada en sectores políticos opositores y oficialistas, porque el exejecutivo de caminos encontró la muerte en plena acción de defensa de su inocencia, en uno de los 76 procesos penales, civiles y administrativos abiertos por el Gobierno de Evo Morales en las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Tarija.

El exejecutivo del desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC), fue traslado de inmediato a Cochabamba, donde al día siguiente falleció en el Hospital Belga de esa ciudad. Zurita considera que fiscales y jueces se ensañaron con su cliente por la presión política que ejerció el Gobierno.

La abogada aseguró que Bakovic fue un objetivo político del Gobierno por las intenciones de copar el SNC, hasta entonces institucionalizado y sin contaminación política. La defensa entiende que fue vendetta política, porque denunció que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) adjudicó la construcción de la carretera Potosí-Uyuni con un gran sobreprecio.

CADENA DE JUICIOS

Desde entonces se desataron varios juicios. Hasta febrero 2006 había contabilizado 30 procesos que iban a concluir a favor del fallecido. Sin embargo, el SNC abrió otros 27 procesos por recomendación de la Contraloría General del Estado (CGE) dominada por el MAS.

Para el mundo político, la muerte de Bakovic fue un “asesinato político”. Así evaluó el vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, apoyado en los criterios médicos que observaron falencias en el corazón, pero que no le importaron a los administradores de justicia.

En vida, Bakovic contaba con 30 informes de médicos privados que recomendaron no viajar a La Paz debido a la presión alta y los problemas cardíacos que sufría, un cuadro de laberintitis y estuvo a punto de perder la vista.

Basado en estos antecedentes, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, calificó el fallecimiento como la muestra más clara del “matonaje judicial” del régimen del MAS que siembra dolor en las familias bolivianas.

Asambleístas de la oposición como la diputada de Convergencia Nacional, Alejandra Prado, anunció su intención de una querella por homicidio culposo contra los forenses de la Fiscalía General, sin embargo no pudo instalar querella bajo aquella figura por falta de documentación manejada por la misma Fiscalía.

A las declaraciones de condena expresadas por la oposición, se sumó el diputado y experimentado jurista del MAS, Héctor Arce, quien aseguró que la justicia se ha deshumanizado y que los operadores de justicia se han insensibilizado, al extremo de haber provocado el deceso del primer presidente institucionalizado por mérito como fue José María Bakovic.

OPOSITORES

VÍCTIMAS

Los archivos de prensa dan cuenta que el caso Bakovic no fue el único, sino es el tercero que se suma al de políticos considerados de derecha como el exministro de Defensa de Hugo Bánzer Suárez y expresidente de la Cámara de Diputados, durante la época de Víctor Paz Estenssoro, Fernando Kieffer, quien falleció afectado por un cáncer agravado por el litigio que sostenía con el actual gobierno por el avión Beechcraft, que fue comprado con fondos donados por la cooperación multilateral para el auxilio de las víctimas del terremoto que afectó en 1998 a las poblaciones Aiquile, Mizque y Totora.

A esto se suma el del exministro de Gobierno y expresidente del Senado, Guillermo Fortún, quien falleció afectado por una enfermedad, empeorada por su estadía en la cárcel de San Pedro, murió a causa de un paro cardiaco. Fue acusado por el gobierno de turno por el uso de 18 millones de bolivianos de la partida de gastos reservados. El fiscal que lo imputó, Harry Suaznábar, desapareció desde octubre de 2012, sin rastro alguno en medio de versiones no confirmadas de estar vinculado a una red de extorsión, conformada por algunos fiscales y asesores jurídicos de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

Ambas exautoridades fueron prominentes dirigentes de la extinta Acción Democrática Nacionalista (ADN) que salió del escenario tras el fallecimiento de su líder y expresidente, Hugo Banzer Suárez (1997-2001).

El otro dirigente que enfrenta procesos penales es el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien tras su detención en Cobija a causa de los sucesos del Porvenir del 11 de septiembre de 2008, fue recluido en la cárcel de San Pedro, donde soportó más de cuatro años de encierro, tiempo en el que se deterioró considerablemente su salud, por lo que se resolvió otorgarle detención domiciliaria.

Fuente: Redacción central, (ANF).-