El 2013 marca un incremento en los casos de trata y tráfico de personas

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La trata y tráfico de personas en el país es cada vez más un problema “mayúsculo”, debido a que cada día se siguen reportando niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Personas de escasos recursos económicos, principalmente, son trasladadas a Argentina, Brasil, Perú, Chile y España con el fin de explotarlas laboral y sexualmente. Al 2013 se han incrementado los casos, según información oficial de la Policía Boliviana.

Para la Defensoría del Pueblo, en Bolivia, como en casi todos los países, la trata y tráfico de personas es complejo y multicausal. Siendo que estos casos muestran que el país ingresó en el circuito criminal de la trata y tráfico. Una de las causas para que se cometan este tipo de ilícitos es la migración de las personas hacia otros países quienes salen para buscar mejores perspectivas económicas.

Según datos de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), entre las gestiones 2011 y 2013 los casos de trata y tráfico de personas se incrementaron en un 40 por ciento. Esta cifra incluye delitos conexos como pornografía infantil, tráfico de emigrantes, corrupción de menores, proxenetismo, secuestro de menores y otros.

En 2011 se registraron 289 casos de trata y tráfico, en 2012 fueron 421 casos; y de enero a julio de este año había 267 casos. En relación a las personas denunciadas como desaparecidas, en 2011 se registraron 421 casos, en 2012 fueron 541 y hasta julio de 2013 un total de 288, refieren los datos de la Felcc. En el departamento de La Paz se presentó la mayor parte de las denuncias, seguido de Santa Cruz y Cochabamba, que son los departamentos con mayor incidencia de casos.

Dentro del cuadro estadístico de la gestión 2013 se han registrado 288 casos de desapariciones; de ellos, 127 son mujeres entre las edades de 13 a 18 años. El abandono del hogar, la explotación sexual y laboral, la pornografía infantil, las adopciones ilegales, el proxenetismo y la venta ilegal de órganos, son algunos de los factores para que se produzcan las desapariciones de las personas hechos que son analizados durante el proceso de la investigación por parte de la Policía.

Esta problemática no sólo ocurre desde Bolivia hacia el exterior sino que también hay un mercado interno. Recurriendo a los mismos datos de la Organismo Internacional de Migración (OIM) se estima que alrededor de 2.300 mujeres son víctimas de “explotación sexual comercial”, muchas de ellas provienen de países vecinos o de poblaciones rurales.

Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de Trata y Tráfico de personas, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo cual demuestra la urgencia de ejercer un combate frontal y efectivo contra estos delitos que pueden afectar a cualquier niño y joven.

Esta problemática movilizaría un estimado de 6.600 millones de dólares al año en América Latina, de un total de 32.000 millones de dólares en el mundo. Dos millones de personas son víctimas de trata cada año y 1.2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata en el mundo, siendo que el 80 por ciento de las víctimas de este delito son mujeres.

LEY 263

Existe gran preocupación en la población porque a pesar de haberse aprobado la Ley de Trata y Tráfico suman y siguen los casos de desaparición de niños y adolescentes sin que ninguna de las autoridades haga nada por evitar el flagelo que actualmente está viviendo nuestro país.

La Ley 263 de Trata y Tráfico de Personas, promulgada por el Presidente Evo Morales, en julio de 2012, establece una sanción de 20 años de cárcel para los traficantes y tratantes de niños y adolescentes. Se considera trata y tráfico de personas cuando se incurre en traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el Capítulo III del Decreto Supremo Nº 1486, del 6 de febrero de 2013, reglamentario de la Ley 263, existen mecanismos de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos.

El artículo 7 (Prevención y educación) señala que el Ministerio de Educación se encargará de instruir a las instituciones educativas, públicas, privadas y de convenio, en los niveles de educación regular, alternativa, especial y superior, la obligación de realizar actividades sociales de prevención.

“Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas” (Constitución Política del Estado, Art. 15)

Fuente: Redacción central, 22 (ANF).-