El trabajo infantil: ¿Necesidad o esclavitud encubierta?

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El debate en Bolivia sobre un nuevo código de protección de menores ha puesto en evidencia la precaria situación de los 850.000 niños que trabajan en el país, que exigen que no se les impida ganarse la vida.

Decenas de menores trabajadores alzaron la voz la semana pasada en La Paz contra el nuevo "Código Niña, Niño y Adolescente" que debate el Parlamento, porque esta norma establece como edad mínima para trabajar los 14 años.

La normativa busca poner orden en un sector en el que planea la duda constante de qué niños trabajan por necesidad real, y cuáles lo hacen obligados por sus familias, lo que convertiría su actividad laboral en esclavitud infantil encubierta.

Los menores exigen que se respete su "derecho al trabajo" alegando que es su forma de subsistencia y que deben ayudar a sus padres porque viven en condiciones de pobreza.

En el campo, niños y adolescentes ayudan en las actividades agrícolas o en el pastoreo del ganado.

En Bolivia hay 850.000 niños y adolescentes trabajadores, cifra que representa el 28 % de la población de entre cinco y 17 años, según el informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia que la Defensoría del Pueblo presentó este mes.

El 87 % desempeña oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque trabaja ayudando a su familia.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que del 100 % de niños y adolescentes trabajadores, sólo el 2,5 % lo hace porque vive en condiciones de extrema pobreza, explicó a Efe el diputado oficialista Javier Zavaleta, que preside la Red Parlamentaria por la Niñez y la Adolescencia.

"El resto, el 97,5 %, trabaja porque los propios padres, la propia familia ve conveniente que vayan a trabajar, sin reparar en los daños que puede generar esto", agregó Zavaleta, uno de los impulsores del nuevo código.

El salario promedio mensual para los trabajadores de entre 5 y 13 años en el área urbana es de 43,5 dólares para los niños y 28 para las niñas, mientras que en el área rural, los niños perciben 37 dólares y las niñas, 25, según el informe de la Defensoría.

En las ciudades, los adolescentes de entre 14 y 17 años ganan en promedio 102,7 dólares y las muchachas 65,6; en tanto que en el campo los varones de esa edad reciben un salario similar al de las urbes y las adolescentes, 61 dólares.

Según el mismo informe, 22.270 niños dedican su tiempo exclusivamente a trabajar y realizar labores domésticas; 200.000 trabajan, ayudan en casa y estudian y otros 258.940 son atendidos sólo por uno de sus padres.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo a Efe que para abordar este asunto tan complejo es necesario comprender que se trata de un problema estructural cuya solución pasa por potenciar el aparato productivo del país para que se generen mayores fuentes de empleo "dignas y estables" para los progenitores.

En cambio, para Zavaleta, se trata de un problema "más de conciencia ciudadana que de necesidad económica", si se tiene en cuenta el informe del INE.

El parlamentario aclaró que la edad mínima de 14 años para trabajar ya estaba en el actual código de protección a los menores y que hay convenciones internacionales que instan a los países a subir esta edad con el objetivo de ir eliminando progresivamente el trabajo infantil.

La norma que se debate en el Parlamento traza un plan para erradicar el trabajo infantil que incluye programas de protección y ayuda económica a los menores que viven en condiciones de pobreza.

También plantea programas para concienciar a las familias sobre los "daños físicos y psicológicos" que pueden causar algunos oficios y el derecho de los niños a la educación y recreación, señaló Zavaleta.

El código prohíbe 21 tipos de trabajo infantil considerados peligrosos o nocivos, entre ellos la zafra, la minería, los oficios en industrias y el servicio doméstico, porque en estos espacios están expuestos a agresiones sexuales, asesinatos, violencia y daños a su salud.

Una vez promulgada la norma, se prevé que el plan para erradicar el trabajo infantil se comience a aplicar en agosto de 2014.

Villena insistió en que es importante resolver el problema estructural, pues de lo contrario, se estaría "atacando solamente los efectos y no la causa que genera toda esta desigualdad de carácter social y económico".

Fuente: La Paz, (EFE).-