Control de los servicios de transporte

El mes de enero, el primero de este año 2010, dejó un trágico saldo de muertos y heridos por accidentes en carreteras en diferentes zonas del país, sacando a relucir las debilidades de un inexistente control del servicio de transporte de pasajeros que están obligados a realizar los propietarios de las empresas de buses y los funcionarios policiales.

Un adecuado y estricto control podría prever muchos accidentes y evitar dolor y luto en las familias bolivianas. Los propietarios de buses están obligados a verificar el estado de los conductores, sancionar el consumo de bebidas alcohólicas a lo largo de la ruta, así como otorgarles comodidad a los chóferes de relevo que cubren los viajes en “camarotes”, que resulta ser una especie de camastro improvisado en un buzón de carga, al lado del motor, donde respiran aire contaminado con gases que elimina la combustión del diesel.

Asimismo, se debe precautelar la vida de los usuarios y no permitir que los buses se abastezcan de diesel cuando están con pasajeros. Esa práctica es muy usual, puesto que al salir o llegar a destino los chóferes ingresan a los surtidores para abastecer de carburante sin importarles la prohibición, con el silencio cómplice de los encargados de los surtidores que no dicen nada por semejante arbitrariedad.

Para conseguir un control efectivo del servicio de transporte interdepartamental se tiene que aplicar la norma que está vigente y todos ignoran, incluidos funcionarios policiales, que es el Reglamento General de Tránsito. Este reglamento prohíbe recoger pasajeros en la ruta, sanciona a los conductores en estado de ebriedad y además prohíbe la circulación de los automotores que no se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento, sin luces, stops, luces de estacionamiento y limpiaparabrisas. Ese control no debe servir para perseguir sólo a conductores de vehículos particulares que son más responsables, sino más bien para los de servicio público que hacen caso omiso e ignoran esas normas.

Los propietarios de empresas de transporte y las autoridades y Policías de Tránsito al permitir que se infrinja el Código de Tránsito y su Reglamento, son cómplices por omisión y deberían ser también pasibles a sanciones. La Policía de Tránsito tiene la obligación de retirar de circulación a todo vehículo que no reúna las necesarias condiciones de seguridad y proceder al decomiso de placas, las que serán devueltas una vez que se compruebe que el vehículo ha sido convenientemente reparado, dice el Reglamento, pero hay que preguntarnos ¿Quién lo cumple...?

El Reglamento de Tránsito fija las normas de circulación en carretera, las reglas de adelantar a otro vehículo y además exige un pleno respeto y cumplimiento de la señalización, aspecto que también ignoran los conductores de autobuses, porque tampoco respetan el límite de velocidad permitida y lo que es más, se detienen a recoger pasajeros en la ruta para luego imprimir altas velocidades a fin de “recuperar el tiempo perdido”. Eso acarrea fatales consecuencias.

Los propietarios de buses también obligan a sus conductores a llevar pasajeros de rutas intermedias y parados, que se conocen como las “ch’jas”, dinero que recaudan para pagar hojas de ruta o alimentación. A esto se suma el exceso de carga que transportan en los buzones, por lo general mercaderías que llevan al interior del país, los días de feria o traen los comerciantes para vender en Oruro.

Si todos respetaran las normas previstas, no habría que lamentar fatales accidentes, la responsabilidad es compartida, porque al igual que los conductores, propietarios de buses, empresas de transporte y la Policía, también los pasajeros tienen la obligación de denunciar estos excesos y abusos en los servicios de transporte y para eso deberían habilitarse líneas telefónicas gratuitas, para hacer conocer la denuncia.

Ojalá cambie el sistema de transporte, se clasifiquen los servicios y se tenga un excelente control policial, para evitar nuevas desgracias personales de quienes tienen que utilizar los autobuses para viajar por el país. La regla existe, ahora la responsabilidad es de quienes deben aplicar el control y sancionar las infracciones.

Periodista.