Días atrás y en el importante foro sobre “Infraestructura para la Producción” el empresariado privado de Santa Cruz propuso al Presidente del país una inversión conjunta de 45 mil millones de dólares hasta el 2025 para convertir a Bolivia en el “eje económico del continente”.
La propuesta empresarial ratificó que “Ese es el desafío que queremos para el 2025, tener una articulación pública – privada para hacer de Bolivia el corazón de América Latina en infraestructura de transporte carretero, férreo, aéreo y fluvial con la inversión de 45 mil millones de dólares” según apuntó el ejecutivo del Centro Boliviano de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias y Comercio.
La propuesta cayó como “anillo al dedo” pues el Mandatario saludó la iniciativa del sector empresarial cruceño expresando su beneplácito por lo que llamó “una mirada grande” (por el país), en comparación a otros sectores empresariales, añadiendo que “la oferta coincide plenamente con el programa de Gobierno para la siguiente gestión.”
En verdad que la posición de un sector empresarial del oriente tiene ya varias repercusiones, aunque las mismas son emergentes de la sorpresa que causó la propuesta de una “inversión conjunta”, entre los sectores público y privado, de 45 mil millones de dólares para utilizarlos en grandes proyectos a los que en la actualidad “no acceden los empresarios bolivianos”, según lo remarcó el Primer Mandatario, lanzando un desafío para que se puedan retener en el país los beneficios de las grandes inversiones públicas.
Claro está que algunos hechos, como el que hacemos referencia, desatan o abren ciertas condiciones que reflejan también profundas preocupaciones de los sectores de inversión, pues se reclama condiciones de seguridad jurídica respeto a las normas vigentes, apoyo más directo a los sectores del comercio y la industria nacional, pero creando condiciones apropiadas para superar los índices de producción de modo que se garantice las exigencias del consumo interno y se asegure los ítems de exportación haciendo un trabajo conjunto de Estado y Empresa que genere beneficios comunes, justos y seguros.
Hay aspectos muy concretos sobre lo que significaría encarar una inversión conjunta de un millonario aporte que debe satisfacer las expectativas de ambos sectores en función del desarrollo armónico nacional. Lo primero son las condiciones de seguridad por parte del Estado a favor de las empresas nacionales, de modo que en el marco de la mayor equidad se disfruten las utilidades que arrojen los grandes emprendimientos.
Hay temas muy particulares planteados por empresarios del oriente, proponen por ejemplo la soberanía alimentaria y además robustecer el sector de la construcción, mientras que el Gobierno en el tema del transporte invitó a los empresarios a formar parte del proyecto ferroviario bioceánico, aunque sin señalar específicamente las condiciones de encarar esa iniciativa mixta para el desarrollo regional.
Lo cierto es que al abrirse la posibilidad de encarar proyectos conjuntos, no sólo con algunos inversionistas del oriente sino con todo el sector empresarial del país, esa articulación para unir lo público y lo privado puede dar excelentes resultados, todo dependerá de establecer las reglas de juego para que ambas partes se lancen a la competencia de invertir en los rubros más importantes del sistema productivo, allí donde se necesitan capitales nacionales, para fomentar la creación de fuentes de empleo y la recuperación de beneficios directamente para el país, vía impuestos y utilidades equitativas.
Fuente: LA PATRIA
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