Domingo 15 de diciembre de 2013
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A partir de ahora, protestar en España puede salir muy caro. En algunos supuestos, más caro que robar un coche, que doblar el límite de velocidad permitida en carretera, o que agredir de forma leve a una persona. El gobierno español prepara una Ley de Seguridad Ciudadana que contempla multas de entre 1.000 euros por insultar o fotografiar a policías hasta 30.000 euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales, o manifestarse en infraestructuras estratégicas como aeropuertos o centrales eléctricas. Esta nueva ley ha despertado un fuerte rechazo entre partidos políticos y organizaciones sociales que consideran un intento de silenciar el descontento y de cercenar el libre derecho a la protesta contra un gobierno que ha aprobado numerosos recortes en el gasto social, pero también en derechos fundamentales relativos al acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda.
Además del aumento de la cuantía de las multas, numerosas faltas leves pasan a ser sanciones administrativas de carácter gubernativo, por lo que resultará más caro presentar recursos al no estar sujetas al control judicial. La nueva ley busca también sancionar un mayor número de conductas en la vía pública, como convocar y participar en protestas frente a las principales instituciones del Estado, paralizar desahucios, acudir ‘encapuchado’ a una manifestación o los abucheos y las concentraciones frente al domicilio de los políticos, los ya célebres ‘escraches’.
