¡Es ético el Decreto del doble aguinaldo?

Una medida económica sorpresiva del Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido el Decreto 1802 del 20 de noviembre de este año 2013, que concede a todos los funcionarios públicos y a los empleados privados una doble paga extraordinaria de Navidad, cuando el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del respectivo año supere el 4, 5% anual. Este doble aguinaldo, titulado “Esfuerzo por Bolivia”, deberá pagarse ya este año porque el crecimiento del PIB para 2013 previsiblemente alcanzará el 6,5%. En la lógica gubernamental este doble aguinaldo permitirá que la población participe de la bonanza económica tanto en el sector público como en el sector privado. Éste último tendrá unos beneficios de más de 4.000 millones de dólares.

En el sector privado las reacciones ha sido diversas. En general los trabajadores se sienten contentos, pero en cambio los empresarios han mostrado cierta alarma, aunque la Federación de Empresarios Privados ha aceptado pagar el aguinaldazo, después de haber conseguido del Gobierno una prórroga para su pago hasta el próximo 28 de febrero.

Cabe preguntarnos si esta medida del aguinaldazo se ajusta o no a la ética, distinguiendo entre su legalidad y su conformidad con la justicia. En referencia a lo primero surgen serias dudas sobre si el Gobierno ha actuado dentro del marco legal o ha incurrido en un exceso de poder. ¿Puede el Gobierno por decreto obligar a pagar un doble aguinaldo, sobrepasando lo establecido en la Ley General del Trabajo, art. 57?

En cuanto a los funcionarios públicos parece a primera vista que el Gobierno podría subir los sueldos según los beneficios que obtenga. Sin embargo hay que indicar que los gastos realizados por el Gobierno y los organismos que dependen del mismo deben ajustarse al presupuesto aprobado por el Parlamento al inicio de cada año. Por lo tanto un decreto gubernamental no debería infringir ese principio, dado además el alto costo de esa medida. En Bolivia, sin embargo, es vox populi que el poder ejecutivo controla el poder legislativo.

En caso de un superávit fiscal parece más justo y razonable que el Gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, atienda las graves deficiencias en los servicios públicos, sobre todo en salud donde hay muchas quejas por parte de los pacientes y usuarios por falta de hospitales públicos, de personal capacitado y de medicamentos. Esto debería ser una prioridad estatal. También los jubilados han expresado su justa protesta de estar excluidos de esta norma, con el pretexto de “no ser productivos” y de haber recibido ya otros aumentos.

En lo que se refiere al sector privado el Gobierno argumenta que ha habido grandes beneficios. Pero, sin embargo, habría que distinguir entre las empresas que obtienen ganancias y las que simplemente consiguen cubrir sus gastos o incluso han tenido pérdidas. Es injusto querer obligar a todas con el mismo rasero. Muchas de ellas deberán prestarse dinero, reducir su plantilla de trabajadores o incluso declararse en quiebra. Aquí algunos analistas señalan que en virtud del Decreto 1754 de 7 de octubre de 2013 estas últimas pueden pasar a ser propiedad de los trabajadores. Ello contribuiría al proceso masista al socialismo.

La Iglesia Católica ha denunciado que hay asociaciones que no podrán pagar el aguinaldo doble ya que se dedican a actividades religiosas o sociales, atendiendo a infantes y a personas enfermas, discapacitadas o ancianas en hogares, postas, asilos, hospitales con finalidades de servicio y no de lucro. Particularmente muchos colegios privados se encuentran en situación crítica ya que en años pasados han sido obligados a subir sueldos sin compensación con la subida de las pensiones escolares. Aquí también podría detectarse la intención gubernamental de monopolizar la educación.

Cabe, además indicar que esta medida en todo caso ha sido precipitada. Toda institución seria hace sus presupuestos y previsiones a principio del año, teniendo presente las normas legales y fiscales. Este decreto es un mal precedente para la inversión. En todo caso debería haberse dado un año de plazo para empezar a cumplirlo. Se confirma aquí la sospecha de que esta medida es electoralista para asegurar el apoyo popular de los trabajadores para las votaciones del 2014, tal como ya lo ha manifestado la Confederación Obrera Boliviana (COB), aunque también dentro de la COB ha surgido la propuesta de crear el Partido de los Trabajadores en oposición al Gobierno.

Algunos expertos en economía han alertado sobre los posibles efectos negativos de esa medida, incluyendo el posible proceso inflacionario y el crecimiento de la desocupación y del trabajo informal que afecta ya a gran parte de la población. El Gobierno ha respondido indicando que se han previsto medidas complementarias para atenuar estos efectos. Pero en todo caso se mantienen serias dudas sobre la legalidad de esta medida y su conformidad con la justicia que obligan a que la población se mantenga alerta ante esta medida posiblemente populista, electoralista y socialista.