La impunidad y los periodistas

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IFEX-ALC, organización creada para la defensa de la libertad de expresión y otros derechos relacionados al periodismo, contra agresiones, censura e impunidad, se alió a la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) para organizar un foro sobre la impunidad, al recordarse el 23 de noviembre la fecha acerca de ese tema.

En el acontecimiento realizado en La Paz, los días 21 y 22 de noviembre se presentó el informe anual acerca del tema en discusión, denominado “Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe.

Durante la presentación de ponencias se pudo realizar la comparación de lo que ocurre en los diferentes países de la región, como México, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, México, Guatemala y Colombia, con expositores oriundos de esos países, quienes llegaron en representación de IFEX-ALC.

IFEX defiende los derechos de libertad de expresión de todos, incluyendo a los trabajadores de los medios de comunicación, periodistas, ciudadanos, activistas, artistas, académicos.

BOLIVIA

Como caso emblemático de impunidad contra periodistas se presentó el de Carlos Quispe, quien fue atacado en la cabina de difusión en la radio en la que trabajaba en Pucarani. El día de la presentación del caso llegó la noticia acerca de un juez que había determinado que se pague una indemnización a los familiares, por este hecho.

No obstante, el caso continúa en la impunidad porque no hay imputados, ni procesados, pese a que antes de fallecer Quispe identificó a uno de sus agresores con nombre y apellido. La familia, cansada de la indiferencia de las autoridades, que ni siquiera abrieron una investigación, dejó de realizar el seguimiento y el caso jamás se esclareció.

Otro caso emblemático presentado, fue el del periodista Fernando Vidal, dueño y director de Radio Popular de Yacuiba, ya que unos encapuchados entraron a la cabina de transmisión y rociaron, al periodista y a una secretaria, con gasolina para luego prenderles fuego. Afortunadamente ambas personas se salvaron de morir calcinadas, pero el caso continúa en la impunidad, pues hasta el momento no hay detenidos por esa salvaje agresión.

Un caso más, fue el de los hermanos Peñasco Layme, debido a que fueron atracados y asesinados se creó la Ley de Seguro de Vida para Periodistas, pero no hay detenidos en el caso y no se esclareció el mismo, pues continúa en la impunidad.

Ante hechos como los presentados, que fueron denunciados y continúan en la impunidad, la gente cada vez denuncia menos, pues lo que se quiere son resultados, pero se está perdiendo en la credibilidad de las autoridades llamadas por ley a resolver estos casos violentos. Sin embargo, la recomendación del foro es no desanimarse ni rendirse, más bien, en cada aniversario de esos hechos hay que recordar que existen casos que aún están en la impunidad y buscar que esa situación cambie.

ECUADOR

Llamó mucho la atención el caso de Ecuador, presentado por el periodista y representante de Fundamedios, César Ricarute, por la fuente de los ataques que reciben los periodistas, que es prácticamente el poder gubernamental.

En Ecuador se promulgó la Ley Orgánica de Comunicación, apodada por Ricarute y otros periodistas como la Ley de Linchamiento Mediático, por la forma en que obliga a la censura en los medios de información no alineados al gobierno de Rafael Correa.

El apodo de dicha norma obedece al artículo 26 de la misma, que a la letra señala: “queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, pues aquí entra la subjetividad con que el gobierno observa las informaciones.

La polémica en torno a esa ley surge del hecho de que la libertad de expresión es puesta al servicio público, y el Gobierno es el principal actor que hace uso de ese servicio, obligando a lo diarios a publicar lo que el poder gubernamental cree que es importante.

Asimismo, están las famosas cadenas, ya que los medios de comunicación, principalmente los televisivos están obligados a transmitir propaganda estatal, que consiste en mensajes gubernamentales, por varias horas, en que los periodistas no tienen derecho a salir ni para comer o hacer sus necesidades fisiológicas.

También se aplica a través de esa norma la censura previa pues señala: un “accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o de-

sapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero”. Por otra parte, se crea el Defensor de las audiencias, de modo que los medios de cobertura nacional deberán contar obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores, designado mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según Ricaurte, se coloca a un funcionario público en las redacciones para que controlen lo que se publicará.

FUENTE DE ATAQUES

En el ámbito más general, es decir en Latinoamérica, se identificaron tres tendencias como fuentes de los ataque hacia los periodistas, que son la institucional, policial y para institucional.

En el caso de Colombia, por lo general provienen de las mafias organizadas en cárteles de narcotráfico, de los grupos irregulares y del poder político local.

En el caso mexicano, los que atacan a los periodistas son miembros del crimen organizado.

Sin embargo, no todos los ataques a los comunicadores están relacionados a su actividad periodística, por lo que se vio por conveniente identificar siempre, sobre la base de los hechos, si el ataque tiene o no relación con su actividad laboral, pues no toda arremetida puede entenderse como un intento de afrenta a la libertad de prensa y de expresión.

NUEVOS MEDIOS

Ante los ataques y la impunidad, la censura y autocensura, muchos periodistas vieron conveniente usar nuevos medios para expresarse, las redes sociales, la red de Internet y otros, pero a nombre de derechos de autor, en países como Chile muchas veces se incurre en la censura, pues obligan a bajar contenidos que les desagradan recurriendo a esa norma.

Estados Unidos es uno de los países que busca que no existan jueces para controlar la Internet, y lo hace a través de los tratados de libre comercio, pues al no existir alguien que regule la bajada de contenidos es fácil usar cualquier excusa para ordenar que tal o cual contenido sea dado de baja de la red.

Es necesario que se continúe en la búsqueda de mecanismos para evitar atentados contra la libre expresión. Por otra parte, se debe impulsar acciones para que los ataques a periodistas o a personas de a pie no queden en la impunidad.

Fuente: LA PATRIA