La Ley de Límites 339 en actual vigencia es una instancia a la que deben acogerse los departamentos y municipios que tienen problemas limítrofes y que están en curso de tratamiento para encontrar avenencia en sus planteamientos por la vía del diálogo y la concertación, evitando los enfrentamientos. En esa línea de conducta pueden obtenerse positivos resultados alcanzando en cada caso una propia ley que defina sus límites territoriales.
El trabajo para definir una delimitación que satisfaga las expectativas de los sectores en conflicto deben pasar por el tratamiento meticuloso de analizar aspectos relacionados con su historia, tradiciones, el uso que hacen de cada palmo de su territorio, los planes de desarrollo, la efectividad de los mismos, el beneficio económico que recuperan para la comunidad y los comunaríos, en fin otros detalles que además deben ser parte de un legajo de documentos, en algunos casos ancestrales que demuestran su pertenencia territorial. Lo importante, lo deseable es que se establezcan mesas de trabajo y se respeten las condiciones de análisis de los diferentes temas hasta alcanzar consenso y predisposición para eliminar las diferencias y acordar el reconocimiento de los límites de cada jurisdicción.
Lo importante del proceso de conciliación amigable es que cuenta con la participación técnica del Ministerio de Autonomías para asesorar sólo en las circunstancias por ejemplo de la lectura de mapas, si hay dudas se trabaja en la georreferenciación del terreno in situ y con participación del Instituto Geográfico Militar (IGM) para efectuar la aplicación limítrofe correcta, lo que permite una aplicación muy clara de los límites, dando paso a un acuerdo entre partes para redactar un proyecto de ley que aprueba la Asamblea Legislativa con lo que se acaban los entredichos territoriales. Así se logró una primera concertación entre los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba.
El informe señala el avance de otro acuerdo entre Chuquisaca y Potosí que está en fase de homologación de la ley pertinente. Un trámite similar podría darse entre las enconadas comunidades de Laimes y Qaqachacas, que pese a sus profundas diferencias han logrado eliminar diferencias y pueden llegar a obtener su propia ley de límites.
Conociendo esos antecedentes preocupa sobremanera que el problema limítrofe entre los comunarios de Coroma y Quillacas, persista y obligue a las autoridades a disponer de un resguardo policial, aunque reducido, pero necesario para evitar nuevos enfrentamientos, como los muchos que ya se han producido con lamentable saldo de víctimas y perdida de bienes a través de arbitrarias cosechas de quinua en terrenos ajenos.
De acuerdo a la Ley 339 hay un periodo de 10 meses para luego establecer la posición de los comunarios de ambos bandos que al no dialogar obligarían a que el asunto pase a los tribunales de justicia y sea en esa instancia que se resuelva - sin atenuantes - la delimitación que los jueces consideren apropiada para terminar los conflictos.
Por el tiempo transcurrido y la persistencia del conflicto de límites entre Oruro y Potosí, además de las posiciones radicales de ciertos grupos de comunarios y hasta de entidades departamentales que no allanan el camino para dialogar, el asunto pasaría a la instancia jurídica, que si bien no será de consenso tendrá que cumplirse con la verticalidad de una sentencia ejecutoriada.
Hay todavía una esperanza de abrir el diálogo entre las partes en pugna, ojalá esto sea posible, sin intervención de fuerzas políticas que sólo han causado enfrentamientos. Oruro tiene la mejor predisposición de diálogo.
Fuente: LA PATRIA
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