Socialismo y libertad de expresión

Como era de esperar, la intención de llevar a la sociedad boliviana, rumbo al socialismo no podía comenzar de otra manera. Desde esa perspectiva socialista, el rol de los medios de difusión independientes y la libertad de expresión se constituyen en un obstáculo insalvable. Como se conoce, los regímenes colectivistas, indistintamente de su eje ideológico, siempre se han empeñado en anular la crítica y el disenso. La versión que el Gobierno está empeñado en implementar en nuestro país, “el socialismo comunitario”, no podía ser la excepción.

Las acusaciones del presidente Morales, que sostiene que se dicen mentiras por los medios de difusión o el rencor evidente del ex ministro Quintana por su relación tortuosa con la prensa, son apenas las excusas que disimulan la verdadera intención. En el fondo, se trata del inicio de una arremetida que quiere controlar la opinión de los ciudadanos, como un requisito para hacer realidad la implementación de su ideario socialista.

Desinstitucionalización y desagregación social han resultado los principales pilares sobre los cuales, el Movimiento Al Socialismo ha logrado impulsar la famosa “descolonización” del Estado boliviano, misma que luego del triunfo electoral que obtuvieron en diciembre, ha adquirido una “legitimidad peligrosa” que puede acabar justificando lo que ya viene haciendo. En ese sentido, la posibilidad de que el Gobierno -ahora más que antes- acuse, insulte, enjuicie, amenace, intervenga, sin que medie argumento válido para hacerlo, será la constante.

Por otra parte, la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), entre las tantas disposiciones contradictorias que contempla, incluye aquellas referidas a la comunicación social en los artículos, 106 y 107 del Capitulo Séptimo, Titulo II Derechos Fundamentales y Garantías, en las que se hace referencia a las garantías que el estado otorga a la comunicación e información, dando la impresión de que se respeta la libertad de expresión en nuestro país. Sin embargo, en el artículo 21, inciso 3, referido a los derechos civiles (Capitulo Tercero, Sección I) se señala lo siguiente: “Los bolivianos y bolivianas, tienen derecho a LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, CON FINES LICITOS”.

Esta disposición concretamente nos están diciendo que el Estado (ese que lo tienen bajo su pleno control) nos otorga el permiso de “pensar”, siempre que lo hagamos con fines lícitos. Por consecuencia, cuando no sean lícitos los pensamientos de los bolivianos y bolivianas, estarán infringiendo la propia constitución. Así, la licitud de pensar, se constituye en un requisito sine qua non, sin el cual no es posible expresarse individual o colectivamente, en público o privado, sin el riesgo de ser perseguido. Este texto constitucional sostiene que no sólo no podemos expresar libremente nuestros criterios, sino que incluso nuestros pensamientos tienen que ser lícitos. ¿Quien determinará la licitud del pensamiento de los bolivianos y bolivianas?, ¿quién “calificará” de lícito o no -ya no sólo la expresión- sino el propio pensamiento de las personas? Por supuesto que todos sabemos -también- que serán ellos mismos, los que asuman esa prerrogativa. De esa manera, el Artículo 21, inciso 3) de la NCPE, condiciona todo lo establecido en el artículo 106 del capítulo séptimo, referido a los derechos a la comunicación y la información.

Bajo esas consideraciones, diríamos que ahora más que antes, cuando se ha iniciado la construcción del Estado Socialista (Estado Plurinacional) resulta una verdadera temeridad pensar o decir cualquier cosa que sea contraria a ese propósito. Es bueno que los bolivianos y bolivianas, asuman que nos encontramos en un escenario en el que -como nunca- deben tener mucho cuidado incluso de sus propios pensamientos a riesgo de ser perseguidos por sediciosos. No es difícil entonces entender la iniciativa gubernamental de pretender ponerle una mordaza al rol de los medios de comunicación independientes y a la libre expresión. Como lo dijimos hace mucho tiempo ya, además de controlar la opinión pública, lo que pretenden con esas iniciativas es decirnos a todos: “¡Cuidado con los que dicen, cuidado con lo que piensan!”

Las sociedades socialistas, son en esencia contrarias a las libertades individuales y democráticas. El principal obstáculo de los regímenes colectivistas, son los medios de difusión independientes y la libertad de expresión. Así como el Estado autonómico es la antípoda del Estado centralista; la crítica y el disenso, son contrarias a la concentración del poder y el autoritarismo.

Cuando la sociedad pierde la perspectiva cualitativa de la democracia, suele subordinarse a los mandatos autoritarios de los que la dirigen. De la actitud que asuman los ciudadanos y las instituciones, frente a las arremetidas autoritarias, depende que sean las libertades o por el contrario, la opresión las que florezcan. La construcción de una sociedad democrática, con equidad y desarrollo, es una tarea que corresponden a la propia ciudadanía.

(*) Director de A. C. Cramer