Por lo menos hasta el momento el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene perfilada su labor para que las próximas elecciones se realicen con la Ley de Partidos Políticos vigente desde 1999, en virtud a que el anteproyecto de la Ley de Organizaciones Políticas no estará concluido en su redacción ni menos en su aprobación para los comicios del 2014.
Uno de los aspectos que preocupa a la “clase política” es el referente a las condiciones de igualdad que se plantean desde la oposición para participar en el proceso que ya ha sido abierto y genera un primer debate sobre la reposición del aporte financiero estatal para las campañas de los partidos políticos, punto especial que debería estar incluido en la nueva ley.
Por lo que se aprecia, el partido gobernante decidió no tratar, por lo menos en lo que resta de la actual legislación, el anteproyecto de la Ley de Organizaciones Políticas, lo que obligará al TSE ajustar su trabajo inmediato a lo que manda la Ley de Partidos Políticos de 1999 y que no contraviene a la Ley 026, con lo que el asunto queda aparentemente solucionado.
Hay muchas opiniones sobre el desarrollo de las próximas elecciones y de manera especial sobre el planteamiento de los políticos opositores para que se establezcan condiciones de igualdad en la participación de partidos y de las agrupaciones ciudadanas especialmente en lo que corresponde a costear las campañas publicitarias sin ventajas ni exclusiones.
Los analistas políticos por su parte ven una serie de hechos positivos y negativos en el proceso electoralista partiendo del reconocimiento implícito en la carrera oficial ya iniciada y con ribetes particulares del frente gobernante, el uso de todos los medios del Estado, no sólo los de difusión, sino también los económicos, como denuncian los opositores, señalando que todos los actos que se cumplen y los que se desarrollarán más adelante llevan una fuerte carga de propaganda electoral que no tienen los contrincantes.
Ahora bien, se dice que la ley de organizaciones políticas no estará lista para el evento democrático programado para octubre del 2014, sin embargo se considera un instrumento necesario en el país para actualizar el cumplimiento de metas que están consignadas en la Constitución vigente para hacer más dinámica la participación democrática de los partidos y las agrupaciones ciudadanas, que se desempeñan al amparo de la vieja estructura partidaria y precisamente con los problemas que no han podido ser resueltos para permitir una igualitaria participación de las organizaciones políticas en afán de alcanzar la gobernabilidad del país.
Una ley adecuada para alcanzar la renovación de gobernantes con el mayor respaldo de la ciudadanía, debería ser un objetivo en las prioridades de la Asamblea Constituyente, aunque está claro que para la elección venidera no vale la recomendación, aunque el TSE deberá formalizar en tiempo perentorio las reglas de juego que rigen al proceso actual que ya está en marcha con una clara ventaja que distancia a los candidatos del binomio oficial.
Fuera del tema estrictamente económico para las campañas políticas, hay otros que merecen atención especial, por ejemplo la equidad de género y la posibilidad de que sean formados frentes o alianzas, sin temores a las represalias que propugnan algunos segmentos sociales. Las elecciones deben permitir al ciudadano común desarrollar su propia visión en la búsqueda de la mejor oferta de beneficio colectivo.
Fuente: LA PATRIA
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