El "maravilloso instrumento del poder" permite, sin duda, doblarle el brazo al adversario más pintado. Sobre todo cuando el futuro político o laboral del adversario "depende" de la buena o mala voluntad de quienes detentan ese poder. En palabras simples, cuando soberbia de poder político, que lastima siempre principios, coincide con actitudes de servilismo o sumisión que anteponen intereses personales a valores.
El ejemplo mejor son los jerarcas de la burocracia internacional cuyos cargos dependen de sus esfuerzos de equilibrio para quedar bien con Dios y con el diablo. Porque dependen de la voluntad de muchos patrones empeñados, a su vez, en preservar o imponer intereses a veces contrapuestos que, al menos en teoría, deben defender.
No extraña pues que el secretario general haya venido a Bolivia para darle un espaldarazo político a un gobierno cuyo presidente cuestiona de manera severa a la organización iberoamericana. En criterio del presidente boliviano, "necesitamos una OEA más democrática", que esté fundamentalmente al servicio" de los pueblos de América Latina y cuya tarea no acabe "sirviendo intereses de Estados Unidos". Los cuestionamientos llegaron incluso a las amenazas de abandonar ese organismo y volcar todos los esfuerzos al CELAC.
Se desconoce aún "la nueva visión estratégica" para transformar la OEA y sobre la que, según anuncios oficiales previos, conversaron el presidente y el secretario. Se conoce, en cambio, el apoyo político de Insulza al plan de re-reelección. Es ciertamente correcta su declaración de que la OEA "no tiene facultad alguna" para pronunciarse sobre una decisión del Tribunal Constitucional que le da visos de legalidad a esa decisión. Visto así, lo dicho por Insulza parecería desahuciar el reclamo de un expresidente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la imagen política que deja su declaración aunque no tenga relación con el fondo de ese reclamo. De algún modo, le da visos de legitimidad a la decisión presidencial.
Pero lo que se demandó, sin embargo, no es un pronunciamiento sobre una decisión del tribunal constitucional. Se buscó, más bien, invalidar ética y moralmente la decisión presidencial al pedir que se le recuerde un compromiso asumido el 2008 ante veedores de la OEA, entre otros.
Si es así, habría que preguntarse cuál es el rol cierto de los observadores de la OEA. Parece bien que informen que la elección fue normal, sin incidentes y hasta que califiquen su organización. Pero su presencia se justifica sólo si sirve para testificar el respeto de principios y valores que hacen a la esencia de la democracia. De lo contrario, sus informes son sólo un saludo a la bandera de los ganadores, que son quienes escriben la historia. Y en última instancia quienes decidirán, con su voto, la permanencia o el cambio de los secretarios generales.
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