Aparte de los empresarios nacionales que en repetidas veces han solicitado la aprobación de la anunciada Ley de Inversiones, resulta que representantes de países europeos, interesados en hacer negocios en nuestro país, reclaman a nuestro gobierno la aprobación de esa normativa que regulará de manera seria, responsable y práctica las inversiones que hagan empresas extranjeras.
No es usual este asunto, pues se trata de organismos internacionales de Francia y España y propiamente de la Unión Europea que han sugerido una pronta aprobación de la Ley de Inversiones que facilite la circulación efectiva en nuestro medio de capitales externos para impulsar diferentes rubros y áreas productivas.
Significa que impulsar el desarrollo nacional es una preocupación de países amigos, inclusive de España que ha confrontado el reclamo de empresas de ese país por la nacionalización de sus bienes que efectuó nuestro gobierno, aún en tales condiciones, la gran duda tiene que ver con el prolongado tiempo en que se analiza la Ley de Inversiones que permanece en tratamiento en la Asamblea Legislativa creando un escenario de incertidumbre para muchas empresas que desean conocer las “reglas de juego” para sus inversiones, ya que en Bolivia, dicen, no hay una norma clara sobre el particular.
En tanto en los medios políticos nacionales, se especula sobre una serie de interferencias que postergan la aprobación de la Ley de Inversiones que es clave para viabilizar un ámbito jurídico en que las inversiones puedan venir a Bolivia, en un marco de absoluta seguridad jurídica y sin temor a que puedan afectar los capitales extranjeros, que según se informa corresponden a muchas empresas europeas y en particular a varias españolas.
Diplomáticos europeos resaltan la importancia de desarrollar y fomentar las inversiones privadas extranjeras en Bolivia, al advertir que el aporte de los capitales nacionales es limitado porque no representan ni el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y son “cortoplacistas”, el diplomático francés no dio mayores explicaciones sobre su apreciación de las inversiones del empresariado boliviano.
Según los diplomáticos europeos, la Ley de Inversiones ha sido comprometida por el Gobierno de Bolivia con el propósito de garantizar seguridad jurídica a las empresas extranjeras interesadas en llegar al país a invertir recursos económicos en diferentes proyectos productivos.
Hasta ahí una visión expuesta desde el exterior del país y mostrando un interés por fomentar las inversiones y establecer una serie de proyectos productivos que mucha falta nos hacen y que podrían concretarse una vez que se dicten esas reglas que aseguren la provisión externa de capitales y además garanticen el respeto a la propiedad privada, como sucede en cualquier otro país con normas claras y donde mínimamente se reconozca el valor de invertir para generar desarrollo, lo que se traduce en fuentes de empleo y seguridad económica para núcleos sociales y familiares.
Hay quienes opinan que la Ley de Inversiones, como la Ley Minera, aunque esta última data de varios años atrás en su tratamiento adolecen de ciertas condiciones que al haber sido sugeridas por sectores particularmente empresariales, contradicen algunos propósitos políticos del proceso de cambio que impulsa el actual Gobierno.
En todo caso el reclamo de inversionistas extranjeros pone el delicado asunto en la balanza de la realidad jurídica y política de nuestra Nación y obliga a una mínima explicación sobre la demora en su aprobación, tomando en cuenta sobre todo el interés nacional de encarar proyectos de magnitud.
Fuente: LA PATRIA
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