Las tarifas de transporte en la “capital del bloqueo”
11 nov 2013
Por: Jorge Lazzo Valera
La acción de presión ejercida el fin de semana por los propietarios y choferes de minibuses de transporte público para demandar un incremento en las actuales tarifas, motivó airadas protestas de la población que nuevamente tuvo que soportar el abuso, prepotencia y mala educación de los transportistas que bloquearon y paralizaron la ciudad, “en defensa de sus derechos”.
Esa abusiva decisión desde ningún punto de vista se puede justificar, puesto que más que beneficio incluso para el sector del autotransporte, resulta ser un perjuicio porque enfrenta a los transportistas con la población, impide el normal desarrollo de las actividades comerciales, productivas, educativas y hasta de servicio, por un enconado capricho para –supuestamente- exigir atención de las autoridades.
La adopción de esa medida de protesta, es una clara muestra que no hay liderazgo en el autotransporte, no existen interlocutores válidos ni representantes que sepan negociar sus propuestas y peor aún hacer respetar sus planteamientos que resultan ser un pedido caprichoso antes que un estudio tarifario bien elaborado, como presentaban antes los viejos líderes del autotransporte.
La protesta de los minibuseros, provocó más rechazo que aceptación, porque la población cuestionó la situación de privilegio que ellos tienen, puesto que ninguna autoridad policial colocó las boletas de sanción en los vehículos que bloquearon las principales calles y avenidas de la ciudad e incluso llegaron a los principales sitios de acceso y salida de la ciudad, generando una paralización obligada del transporte. No existió ninguna grúa que levante los vehículos de los bloqueadores que atentaron contra la libre locomoción y el libre tránsito y circulación de personas.
Una protesta aislada de cualquier sector, no puede ser aplicada o condicionada de forma obligatoria a toda la población, porque constituye un acto de flagrante violación de los derechos de los ciudadanos y lo que es más hasta una discriminación, porque se está privando a las personas a usar los medios de transporte que más les conviene y hasta obligando a guardar los motorizados por el temor de ser agredidos o simplemente ser víctimas de la iracunda e irracional decisión de los transportistas que se dedican a pinchar las llantas de los vehículos particulares que circulan y con mayor violencia al sector de los transportistas denominados del “transporte libre”.
Esos abusos deben terminar y la autoridad llamada por ley convocar a los dirigentes de los transportistas, ya sea de las cooperativas de minibuses o sindicatos para que respeten el orden constituido, porque Oruro no puede ser la tierra de nadie y el día que se les antoje a los propietarios de vehículos de transporte público bloquear la ciudad, dejar sin circulación al resto de los motorizados y causar graves y serios perjuicios a los ciudadanos, instituciones, empresas, sector de servicios y hasta a los gremiales, porque obligan a adoptar horarios especiales para la jornada de trabajo y lo que es más deplorable todavía soportar la mala educación de algunos conductores y propietarios que luego de consumir bebidas alcohólicas, pretenden obligar al ciudadano de a pie no circular y acatar el bloqueo.
En cualquier país del mundo que se precie de ser civilizado y se ejerza a plenitud la vida democrática, no toleran este tipo de abusos y son sancionados los dirigentes de los gremios que convocan a las protestas y movilizaciones con bloqueos, porque a nadie se le puede violar sus derechos de libre tránsito y locomoción, porque siempre debe primar el respeto mutuo.
Sin embargo, es importante también exigir de las autoridades un trato responsable para atender las demandas o requerimiento de los transportistas, tomando en cuenta que deben presentar una hoja de costos o planilla donde se demuestre que al alza de los precios del transporte se justifica. Más todavía si los más favorecidos resultan ser los propietarios de vehículos de servicio público, con la rebaja de las tasas de impuestos y hasta el valor de la roseta de inspección, amén del trato privilegiado que tienen por parte de los policías del Organismo Operativo de Tránsito, subalternos que muchas veces tienen que ignorar y hacerse de la vista gorda y no aplicar sanciones para frenar los abusos de los conductores de los minibuses, de todas las líneas.
Ojalá en la negociación final no se tenga que esperar que primero se apruebe la nueva escala tarifaria, para que los minibuses tengan mantenimiento y que además se realice el aseo y limpieza de estos vehículos que en el último tiempo están descuidados, al igual que los conductores que antes incluso lucían un uniforme impecable que incluía una corbata.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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