Pretendida intención oficial de normar la actividad periodística
28 ene 2010
Fuente: LA PATRIA
Olvidando o ignorando deliberadamente que existen los instrumentos legales en vigencia que regulan la actividad de los medios y de los periodistas en su quehacer diario, una vez más desde el poder político se lanzó como “globo de ensayo” la pretendida intención del Gobierno de querer normar ésta actividad que está respaldada inclusive por la actual Constitución.
La opinión del Presidente como efecto de una implícita sugerencia de un ex ministro que nunca se llevó bien con los medios ni con los comunicadores, traslució en el anticipo de aplicar una “normativa para que los medios no mientan”. Una reacción que proviene del poder político para ejercer presión sobre quienes informan y opinan.
Se trata de un delicado tema que mereció de manera inmediata el rechazo de las organizaciones profesionales y gremiales del periodismo y asimismo del sector empresarial de los medios.
Un primer análisis de la situación establece el reconocimiento de la existencia de presiones desde el sector oficial, cuyos principales funcionarios cometen excesos con los periodistas y acusan implacablemente a los medios. No se niega asimismo que también existen —como sucede en todo campo— malos medios y periodistas que exceden en sus apreciaciones y crean conflictos.
Sin embargo lo que se aclara contundentemente es que los periodistas están regulando sus actividades bajo las normas establecidas en sus códigos de ética, tanto los que rigen desde la Asociación Nacional de Periodistas y de las asociaciones departamentales como los vigentes en el sector gremial de la Confederación de la Prensa y sus federaciones y sindicatos.
Una situación similar rige en el sector empresarial, con una Asociación de la Prensa que igualmente aplica para sus afiliados un código ético que debe ser cumplido celosamente bajo conminatoria de severas sanciones si fuesen alterados sus principios de respeto y dignidad. Algo más, en algunos medios se ha establecido la figura del “defensor del lector” como una medida colateral para garantizar seriedad y respeto en las informaciones impresas.
Frente a los constantes ataques desde el frente político, especialmente del oficialismo, los periodistas y los medios han optado por ejercer una regulación interna o personal a objeto de evitar las consecuencias que en algunos casos se han presentado con violencia desde los movimientos sociales y sus dirigentes agresores, en otras instancias con atentados a los medios y con una permanente intención de cambiar inclusive la Ley de Imprenta.
La Ley de Imprenta en vigencia desde 1925 evidentemente no tiene ninguna regulación expresa para los sistemas de comunicación audiovisuales que no existían en el tiempo de su aprobación, el caso de la radio y la televisión y que en la actualidad deben ser objeto de una reglamentación especial consensuada entre los directos responsables del desarrollo de esas tareas y no como se insinúa desde el poder político. Hay que actualizar la sabia Ley de Imprenta, pero no será ningún gobierno que tome esa atribución porque la misma sería sólo de interés político y los medios y periodistas dirigen su tarea al conjunto de la ciudadanía, informando verazmente y opinando libremente como establecen los códigos de ética en todas sus instancias.
Los medios y los periodistas temen la aplicación de una norma política que afecte la libertad de expresión y la de prensa. Por eso es que asumen la defensa de esos atributos que garantizan los derechos ciudadanos para estar bien informados. Hay una seria interrogante… ¿Quién regula las mentiras y las amenazas que vierten diariamente los periodistas de los medios oficiales? Se trata de una abierta contradicción y muy parecida a la “ley del embudo”.
Fuente: LA PATRIA
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