El 31 de octubre se recordó 61 años de la nacionalización de las minas, hecho trascendental para el país aquel lejano año 1952 cuando se firmó el decreto supremo de la nacionalización en el histórico campo “María Barzola”, en la primera administración del presidente Víctor Paz Estenssoro, quien luego el año 1985 puso en vigencia la Nueva Política Económica (NPE) con el célebre decreto 21060, dispuso el cierre de las minas y “relocalizó” a más de 35.000 mineros.
Ese panorama en la historia de la minería boliviana no resulta alentador, puesto que la nacionalización de las minas buscaba tener una correcta, eficiente y hasta excelente administración de las empresas mineras estatales, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con una política minero-metalúrgica que defina el rumbo de la exploración, explotación y comercialización de nuestros metales, que siguen saliendo al exterior como materia prima, sin llegar al proceso de la diversificación.
Para algunos analistas la nacionalización de las minas y la creación de la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue una bendición, para las regiones de Oruro y Potosí que nacieron, viven y desarrollan su actividad productiva en función del auge de la minería, constituyó un proceso de estancamiento y postergación, al haberse centralizado los ingresos generados por la exportación de minerales y por no contar con una política de incentivo a la exploración y explotación minera.
La historia de las más de seis décadas de nacionalización de la minería deja un sabor amargo en los cientos, miles de mineros que fueron “relocalizados” el año 1985, aplicando un eufemismo cruel que en buen romance significaba despido o destitución, lo que obligó a los mineros primero a migrar de las minas a las capitales de departamento, enrolarse en los servicios de transporte, dedicarse al comercio y hasta la producción de coca, como medios alternativos de subsistencia.
La minería estatizada afrontó siempre una crisis institucional, por el manejo político partidario que se imprimió desde el control que tenía el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) desde la década del 50 y posteriormente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se afianzó en una suerte de alternancia con el MNR, para administrar o asesorar la actividad en la minería y la metalurgia bolivianas.
El manejo político, discrecional y poco técnico perjudicó a la Comibol, dejando a esclarecidos técnicos fuera de la institución, para dar lugar a la improvisación y seguir una línea de conducta partidaria para convertirse en reducto de los militantes de los partidos en función de gobierno y de quienes cuentan con padrinazgo para ejercer alguna función en las empresas mineras y metalúrgicas estatales.
La exploración es casi nula, lo que provoca que la explotación no pueda avanzar, porque no existe la preparación de nuevos yacimientos y hasta la fecha continuamos fructificando las minas que fueron descubiertas y preparadas por los tres barones del estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo, identificados como los precursores de la “rosca minera”, que se mantiene hoy en día en función de otros intereses, beneficios para unos pocos y con el mayor perjuicio para el país.
Ojalá esta situación cambie y la Comibol se convierta en una institución fundamentalmente técnica que aporte al desarrollo de la gran minería dormida que se tiene en el país, donde potenciales yacimientos no fueron cuantificados y donde no exista improvisación, sino más bien un manejo responsable con profesionalismo técnico y científico, para tener empresas productivas que generen más riqueza minera y no tengamos que seguir viviendo el usufructúo de la antigua rosca minera-feudal. Los vientos de cambio tienen que significar renovación y la aplicación de una nueva estrategia en el desarrollo productivo de la minería boliviana, no en vano pasó 61 años de la nacionalización de las minas.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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