El proceso para esclarecer las irregularidades en una primera fase de la implementación del Puerto Seco continúa adelante aunque con algunas interferencias y trabas propias de las “triquiñuelas” leguleyas que alteran el cronograma de audiencias y por lo tanto de las definiciones que puedan aprobarse para liquidar un asunto que posterga indefinidamente el más caro anhelo de los orureños, la implantación del Puerto Seco.
Ahora se habla de la “identificación de irregularidades” a través del trabajo de dos peritos “anónimos” que trabajan en el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y que en una reciente audiencia, a través de las declaraciones de los implicados en los hechos, establecieron que hay más irregularidades además de efectuar un peritaje de documentos, contratos, facturas y otros elementos relacionados a la promoción, preparación y licitación del Puerto Seco.
Lo que pudo percibirse en el transcurso de las declaraciones de la gente comprometida en el hecho es que no se presentaron descargos sobre una serie de gastos, demostrándose errores administrativos que no pudieron ser aclarados, lo que significa que tendrán que cumplirse otras instancias hasta que se establezcan los descargos o definitivamente se dicten las sanciones en función al grado de responsabilidades que determine el proceso en sí.
Lo que llama la atención es que este problema tiene larga data y ya pasó por varias instancias, la de fiscales y otras alternativas de investigación y tal parece que sin cumplirse requisitos especiales que ahora detectan los “peritos forenses” y que habrían sido obviados por los personeros del Ministerio Público que investigan el caso.
Mientras tanto el proyecto en sí se mantiene paralizado y aunque se habló de un avance en materia de ubicación de la futura infraestructura del Puerto Seco, resulta que las acciones periciales que debieron ser requeridas anteriormente son ahora la causa de más retraso en la habilitación práctica del proyecto.
El Puerto Seco para entrar en una etapa de avanzada práctica, de promoción de sus futuros servicios, de adecuación de sus diversas unidades y de cumplir con el requisito de su presentación regular como empresa societaria o de otra índole, necesita de un trabajo “gestionario” que habilite su reconocimiento y permita que un primer equipo profesional incursione en la elaboración de los documentos que fijen los objetivos y metas que cumplirá el Puerto Seco, trabajo “de mesa” que no puede seguir postergado en tanto sigan las interferencias que plantean los “legalistas”.
Hay necesidad de asumir una decisión regionalista que a través de la más alta representatividad institucional presione a las autoridades locales a poner en marcha la fase organizativa técnica y legal del Puerto Seco para que de forma paralela comience su promoción y relacionamiento internacional. Su instalación en la infraestructura que debe construirse es otra fase que significa contar con los elementos administrativos en limpio para exigir desembolsos y establecer el cronograma de operaciones del Puerto Seco orureño.
Que se entienda claramente que avanzar pragmáticamente en el proyecto no significa interferir en el proceso que está en curso y que tarde o temprano deberá establecer responsabilidades. Lo importante es que con voluntad política y decisión cívica regional, el proyecto del Puerto Seco no se estanque, al contrario hay que agilitarlo para que el convencimiento de su factibilidad elimine todas las trabas que “tienen apariencia de una rara interferencia que atenta contra este importante proyecto orureño”.
Fuente: LA PATRIA
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