Los últimos acontecimientos de Apolo, con cuatro asesinados y muchos heridos en el débito del movimiento cocalero, no hacen más que confirmar el berenjenal en que se ha metido el régimen masista por su apoyo incondicional a productores de una mercancía cuyo destino, en su mayor parte, es el de las fábricas clandestinas de cocaína, ubicadas, por lo visto, en gran parte de los departamentos de La Paz, Cochabamba y, quizás, Santa Cruz y Beni.
De acuerdo a estudios de la Unión Europea, la coca necesaria para el consumo es la que se cultiva en solamente 6 mil hectáreas, dando como resultado que el saldo restante, el producto de 24 mil hectáreas aproximadamente, va al circuito ilegal de la industrialización precaria de la hoja con el fin de obtener la droga llamada cocaína, la que provoca adicción y serios trastornos en la salud de los que la consumen cotidianamente. La droga que, una vez producida en laboratorio por primera vez, empezó a difundirse con cierta celeridad, especialmente entre las clases acomodadas de la sociedad de los países desarrollados, encontró nichos de personas que se volvieron adictas y muy pocas pudieron salir del infierno. Hoy en día, de acuerdo a estudios científicos se ha establecido el gran daño que causa a la salud pública.
Lo peor de todo es que al ser ilegal su producción, venta y consumo, bandas internacionales (cárteles) se ocupan del tema de la cocaína, provocando miles de muertos al año en enfrentamientos entre ellas y contra las fuerzas de interdicción. La violencia en Colombia y México, provocada por estos delincuentes ha llegado a niveles intolerables. Son como un Estado dentro de otro Estado y los recursos que mueven alcanza a decenas de miles de millones de dólares anuales.
Es cierto que las hectáreas cultivadas en Perú y Colombia, por separado, son el doble de las de Bolivia, pero esto no justifica que desde 2006 se haya apoyado sistemáticamente la ampliación de las áreas sembradas con coca en Bolivia y todo por intereses político-partidarios, los del MAS, que ve en los cocaleros su base fundamental de apoyo. Que se sepa, desde hace ya mucho tiempo han sido consideradas como zonas tradicionales de cultivo solamente los yungas de La Paz y de Mandiola de Cochabamba. Sin embargo, con la graciosa permisividad del MAS, hoy las tierras con coca se encuentran en casi todo el subtrópico y trópico de La Paz (incluidos Caranavi, Apolo, La Asunta, Mapiri, Teoponte, Alto Beni y otras regiones, además de las áreas protegidas. Cochabamba y Santa Cruz se encuentran en una situación parecida; especialmente el Chapare, Amboró y el Tipnis, y el Beni no estaría libre del flagelo. Bien sabido es que la mitad, aproximadamente, de la coca de Yungas de La Paz se desvía al narcotráfico y toda la del Chapare, ya que ésta no sirve para el acullico debido a sus características orgánicas.
De qué sirve erradicar cultivos si la política del MAS es favorecer a sus acólitos, a aquellos que le entregan su voto en actos eleccionarios. Lo mismo pasa con cooperativistas que pagan míseros impuestos y contrabandistas pasivos y activos, supuestamente perseguidos, pero también favorecidos con “perdonazos”. En sus afanes electorales los ejecutores del mal llamado “proceso de cambio”, fomentan actos delincuenciales que causan graves secuelas en la sociedad boliviana, además de distorsionar el funcionamiento de la economía.
Para terminar, la erradicación de cultivos ilegales se encontrará en todo lugar del país con una feroz oposición que seguirá cobrando su costo en víctimas humanas, y la razón es puramente económica, ya que el ingreso que proporciona a los productores la venta de coca es considerable y nadie está dispuesto a abandonar a la gallina de “los huevos de oro”. Indudablemente, el Presidente Evo Morales, cabeza de las seis federaciones de productores de la hoja de coca del Trópico de Cochabamba, tendría que renunciar a este cargo por ser incompatible con sus altas funciones gubernamentales. Solamente nos queda esperar que llegue otro gobierno más responsable y no demagógico que impulse una verdadera política de sustitución de cultivos de manera concertada.
(*) Politólogo
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