El “narco-riesgo” de ser un país vulnerable a la violencia

La difícil situación que se vive en el país a consecuencia de los hechos acaecidos en Apolo, resultado de la muerte de tres miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y un médico, ocurridas el sábado 19 de octubre, deja al descubierto el “narco-riesgo” que eso implica si esas acciones se multiplican y van en aumento por falta de control efectivo, como sucede gradualmente por la violencia que genera la coca y la cocaína en la región fronteriza, donde hay marcada influencia por la presencia de narcos peruanos.

Una afirmación que generó bastante preocupación, sin asumir acciones concretas, fue la realizada en julio de 2011 por el viceministro Felipe Cáceres, quien en una entrevista en televisión, aseguró que el Gobierno recibe ayuda alemana con sofisticados laboratorios de análisis de la droga, lo que permitió establecer que el 52 por ciento de la cocaína que circula en Bolivia es “importada” del Perú y llega a la ciudad de Santa Cruz, como también a Oruro, ciudades consideradas puentes del narcotráfico para llevar la droga al Brasil y Chile.

Sin embargo, esa preocupación del viceministro al parecer no fue tomada en cuenta y el narcotráfico siguió creciendo en Apolo, donde se tuvo que registrar la muerte de cuatro personas que habrían sido inmoladas para que las autoridades reaccionen y anuncien recién la adopción de medidas urgentes para identificar a los autores de estos hechos, sin haber realizado antes una tarea preventiva que podía haber evitado estos cruentos sucesos.

Ahora surge la preocupación porque la fabricación de cocaína, al más puro estilo colombiano, podría acarrear también violencia en nuestro país al igual que la circulación de la droga peruana, porque necesariamente se utiliza a Oruro como puente de la ilícita actividad para “exportar” los estupefacientes a Europa, a través de Chile y la Argentina y también para llevar al Brasil.

No se debe olvidar que en Oruro se confirmó la elaboración de droga, cuando se descubrieron fábricas de producción de cocaína en inmediaciones de Huanuni, Challapata, Qaqachaca, Sabaya, Corque, Toledo y hasta encontraron a los transportadores de los alijos de la droga rumbo a Chile y la Argentina, ahora en barrios de la periferia de la ciudad como Socamani donde incautaron el alcaloide, lo que ratifica que nuestra capital no sólo es ciudad de tránsito, comercio, distribución, sino también de elaboración de drogas.

Esa presencia de los narcotraficantes con seguridad día que pasa pone en riesgo la paz social y la estabilidad de pacífica convivencia en Oruro y otras regiones del país, tomando en cuenta que los operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) da como resultado el incremento del número de factorías descubiertas, una mayor incautación de la droga y la detención de más personas vinculadas a la ilícita actividad, entre los que figuran muchos extranjeros que están operando en Bolivia, tomando en control del comercio de la droga y las acciones que buscan evitar que los bolivianos sean partícipes de ese “negocio”.

Así la ausencia de una política efectiva en la lucha contra las drogas y la falta de equipamiento para los policías antinarcóticos es una constante que ninguna autoridad ha podido superar, mientras en países vecinos como Chile y el Brasil, realizan una estrecha vigilancia con aviones no tripulados para intensificar su lucha contra las drogas en sus fronteras con nuestro país. Esa es una señal inequívoca que Bolivia está clasificado como un país productor de cocaína.

Sumando a estas advertencia la realizada por el propio Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, en su mensaje a la nación del 6 de Agosto de 2011, asegura que “el narcotráfico está más equipado que el Estado”, lo que hace ver que Bolivia requiere urgente cooperación internacional, para derrotar a los narcotraficantes, como única forma de evitar que en el país crezca la violencia y se tengan que lamentar hechos como los que ya resultan ser de su cotidiano vivir en Colombia y el Perú con la narco-guerrilla.

Sin embargo pese haber transcurrido más de un año, desde julio de 2012, que el Presidente Morales Ayma desnudó esa realidad durante la presentación del nuevo director en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Onudd), César Guedes, revelando que "el narcotráfico tiene más tecnología que la Policía Nacional, más equipamiento moderno que las Fuerzas Armadas, mayor comunicación", el Estado no asumió ninguna acción concreta contra este flagelo.

Ojalá la situación no se complique y el avance de los narcotraficantes pueda ser controlado para evitar el “narco-riesgo” que está latente y que podría generar sangre, dolor y luto en perjuicio de familias bolivianas que reclaman una pacífica convivencia ciudadana. En Oruro hace tiempo ya vivimos la experiencia de tener a la ciudad intermedia de Challapata como la tierra de nadie, donde los narcos peruanos establecieron su red de venta de droga para realizar el canje con vehículos internados desde Chile, donde eran robados por delincuentes chilenos que llegaban hasta la capital de la provincia Avaroa de nuestro departamento, para cambiarlos por droga. Esa experiencia fue dura y debe motivar una forma más efectiva de combatir la narco-delincuencia.

(*) Periodista

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