Una de las cosas más llamativas de la política boliviana es lo diametralmente opuestas que son las perspectivas sobre la situación actual del país. Simplificando, se puede dividir entre aquellos que piensan que Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales, se ha convertido en una dictadura, y aquellos que dicen que se ha convertido en una verdadera democracia.
Esta dicotomía de percepciones se ve reflejada en tres grandes asuntos, que han tomado recientemente una importancia central en la escena política de Bolivia.
El primero, la investigación del misterioso Caso Terrorismo, donde se dice que el operativo, las muertes y las capturas fue, en el peor de los casos, un simple montaje del gobierno y, en el mejor de los casos, una exageración, mientras que el Gobierno dice que el grupo representaba una amenaza seria a la soberanía y estabilidad de Bolivia. El segundo, la persecución política, intensificada desde la relección de Evo Morales. Gobernadores y alcaldes suspendidos ante la sola apertura de la causa, otros acosados judicialmente por los innumerables procesos que se les inicia desde el oficialismo. El tercero, el narcotráfico que se está convirtiendo en uno de los mayores problemas en el país desencadenando así una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal. Y el cuarto, la crueldad de la justicia popular que quizás no haya obtenido demasiada atención aún.
CASO RÓZSA,
TERRORISMO DE ALTURA
La investigación de un misterioso caso de asesinato en Bolivia arroja luz sobre una controversia que divide al país en la actualidad.
En las primeras horas del 16 de abril de 2009, una unidad especial de la Policía Boliviana se deslizó en un hotel del centro de la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra. Se abrieron paso a dos habitaciones de arriba y en cuestión de minutos, tres visitantes europeos habían sido baleados y muertos.
Cuando la noticia de la redada se divulgó, las autoridades bolivianas dijeron que los fallecidos habían estado conspirando para matar al izquierdista Presidente de Bolivia, Evo Morales, y se habían resistido ferozmente al arresto.
Otros dos europeos sobrevivieron a la incursión en el Hotel de las Américas y fueron llevados a La Paz para ser interrogados.
¿Quiénes eran estos europeos misteriosos? ¿Cómo llegaron a Santa Cruz? ¿Y estuvieron ellos realmente, como las autoridades bolivianas alegan, involucrados en una conspiración para desestabilizar el país sudamericano y asesinar a su jefe de Estado? ¿O eran, como otros ya han sugerido, las desafortunadas víctimas de una lucha por el poder entre los activistas de la autonomía en una de las regiones más prósperas de Bolivia y el primer presidente indígena en la historia del país?
Cuatro años más tarde, las respuestas inquietantes detrás de este extraordinario episodio están empezando a surgir como una historia con un reparto excepcional y los orígenes más inverosímiles.
El seguimiento de los presuntos conspiradores de vuelta a Hungría, Rumania y la República de Irlanda, se abre camino a través de un oscuro mundo de la intriga internacional, los guardias independientes de seguridad, la compleja política de Bolivia y la ambición ingenua de por lo menos un hombre joven en busca de aventuras.
A lo largo del camino se encuentra con algunas de las familias de los fallecidos todavía tratando de entender exactamente por qué sus familiares fueron asesinados antes de que tuvieran la oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia y se entera de cómo y por qué su autoproclamado líder, un carismático periodista boliviano de origen húngaro, había logrado atraerlos a otro continente, a miles de kilómetros de casa.
En parte historia de misterio, en parte cuento moral, en parte tragedia humana, una aventura boliviana que arroja nueva luz sobre una controversia que aún divide al país en la actualidad.
JUSTICIA: INSTRUMENTO
DE REPRESIÓN
La persecución política en Bolivia se ha intensificado desde la relección de Evo Morales. Gobernadores y alcaldes suspendidos ante la sola apertura de la causa, otros acosados judicialmente por los innumerables procesos que se les inicia desde el oficialismo. El resultado es un país donde la gente vive entre la inseguridad y la indefensión, lo que también afecta a la economía, estancada por la falta de seguridad y confianza.
Perseguir a los que hacen críticas es una figura penal que ya no existe en los estados que respetan los derechos humanos.
Quien más sufre es el pueblo. Mientras las autoridades se ocupan de perseguir a quienes piensan diferente, los problemas no se solucionan, la economía se deteriora y la inseguridad se multiplica.
La persecución judicial por motivaciones políticas, definida así al hecho de “procesar judicialmente a ciudadanos que critican o piensan diferente a las autoridades de Gobierno”, la justicia está nuevamente en una profunda crisis.
AUMENTA EL
NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA
El narcotráfico es una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal. Sin embargo dicho concepto de ilegalidad puede variar dependiendo de la normatividad de algunos países u organizaciones internacionales, que pueden determinar de manera estricta la prohibición de la producción, transporte, venta y consumo de algunos estupefacientes o de igual modo que pueden permitirla.
El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los cárteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va desde los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, a los jefes de los cárteles que controlan y dominan la producción y distribución. Estos son los que, junto a los intermediarios financieros que les ayudan a “potabilizar el dinero conseguido” o “lavar los activos de procedencia ilegal”, dominan el bajo mundo de las drogas.
A pesar de que ciertas autoridades nieguen la existencia de “carteles” en Bolivia, la ola de asesinatos y múltiples actos de violencia aumentaron en las últimas semanas. La violencia narco ha incrementado de forma inusual, lo que ha provocado que políticos, medios de comunicación y hasta la propia Iglesia Católica indique que el país boliviano se encuentra en una situación muy similar a la de Colombia y México. El problema se debe al auge de los cultivos de coca, base para la producción de la cocaína. “El nivel de violencia inusitado se está dando con un tipo de crímenes que no se conocían antes”
Por el momento, la oposición ha pedido nuevamente al Presidente Evo Morales, quien además es jefe de los sindicatos productores de coca en la zona, que renuncie a esa relación sindical porque desacelera la destrucción de los cocales que se expanden en áreas naturales.
CRUELDAD DE
LA JUSTICIA POPULAR
Los últimos casos de linchamiento en poblaciones indígenas, han puesto nuevamente en tela de juicio los límites y la aplicación de la justicia comunitaria, reconocida por la Constitución Política del Estado con el mismo rango que la oficial y que sobre el papel remite a una cultura de vida, no de muerte.
“Sin duda es una reacción desproporcionada y desesperada ante el estado de indefensión e inseguridad en que se encuentran los bolivianos, principalmente en el área rural y en los barrios marginales de las ciudades” “Son lugares donde la policía brilla por su ausencia y la ciudadanía siente la desprotección del Estado y opta por medidas reñidas con la ley”.
Pese a la vigencia de la “Ley de Deslinde” por la que se reconoce la justicia comunitaria y sus atribuciones, no se aplica correctamente ni se efectúa un seguimiento de los procesos que las autoridades indígenas puedan acometer. “Ni el linchamiento ni las sentencias de muerte tienen que ver con la justicia comunitaria”.
Los linchamientos se han recrudecido con una violencia brutal, además de argumentos insostenibles que se agravan con la imperante ley del silencio, según un informe de la Iglesia católica al respecto.
UN GOBIERNO ABSTRACTO
En gran medida, esta naturaleza en Bolivia se ve aminorada por algunas áreas del espectro político. Casi todas nuestras impresiones de lo que es real son indirectas, es decir, que son mediadas por otros, hasta en encuentros cara a cara, especialmente en cuestión de política por los medios. Algunos medios bolivianos, sean privados, comunitarios o del estado presentan imágenes muy distintas de la realidad boliviana, lo cual hace imposible para la mayoría de la gente, hasta para observadores expertos, saber lo que es real.
De esta manera, el conflicto boliviano es una batalla para vencer el capitalismo, un típico conflicto entre clases. Para los neoliberales, es cuestión de asegurar el triunfo de racionalidad económica sobre confusas ilusiones. Para los multiculturales, se trata de entregarle el poder a los indígenas marginados y a las personas de piel oscura versus los de piel blanca y para los socialistas esto es una pelea contra el imperio norteamericano.
Por otro lado, el corazón de lo que asegura el imperio de la ley en cualquier país, el sistema judicial, aún es cuestionable en Bolivia. Como resultado, la oposición tiene toda la razón cuando señala que no ha habido casi ningún progreso con respecto a la eliminación de la corrupción, en las fuertes acusaciones jurídicas motivadas políticamente, en asegurar que existe violación a los derechos humanos.
Finalmente es preciso subrayar que la pregunta sobre si Bolivia es una dictadura o una democracia, es en realidad una pregunta engañosa, que simplemente alimenta al círculo vicioso de polarización y desconfianza mutua. Lo que se debería examinar es, si ha habido progreso democrático en Bolivia.
De esta manera, yo creo que la respuesta es un sí inequívoco, pero hay aún un largo trecho por recorrer…
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