A despecho de conocer tarde, temprano o nunca la verdad de los hechos de violencia en que murieron cuatro personas en Apolo, las primeras informaciones de lo ocurrido en el norte de La Paz entrañan señales preocupantes. Y cuando desde el gobierno se pide a los medios -como si fuera necesario- "actuar bajo la guía de la ética" y difundir noticias apegadas a la verdad y no tergiversaciones, es justo exigir información oficial, objetiva y veraz. Sólo así se evitará el expediente ya conocido de descargar después en espaldas ajenas pecados propios.
Con mayor razón aún si por anticipado se advierte que eventuales tergiversaciones "sólo sirven para encubrir a los autores de ese delito". Para encubrirlos es necesario conocerlos pero sobre todo compartir sus propósitos y objetivos. Aunque tampoco es necesario, vale la pena rechazar también, por anticipado, que a estas alturas haya medios y periodistas en ese afán.
El asunto es que entre las denuncias de las comunidades que culpan de la violencia a los agentes de erradicación de cocales y los informes del gobierno que la atribuyen a gente vinculada al narcotráfico, hay temas más serios y profundos que una simple interpretación enfrentada de los hechos.
La información oficial atribuyó la violencia a extranjeros posiblemente vinculados al narcotráfico y habló del hallazgo de "un campamento militar", del uso de armas de guerra y de "planificación militar" en una región "a la que por primera vez entró el Estado". Al mismo tiempo y a despecho de la investigación fiscal, se exculpó al movimiento campesino "(que) no es asesino, se organiza para defender la vida y (para) mejorar la situación económica".
Si es así, lo ocurrido sería más grave que un lío por cultivos legales o ilegales de coca. Sobre todo porque, como no ocurría desde que la resistencia popular las obligó a replegarse a sus cuarteles, las Fuerzas Armadas advirtieron que "no permitirán la creación de zonas controladas por grupos que con intereses mezquinos han decidido ponerse al margen de la ley" y que "la institución fundamental del Estado adoptará todas las acciones legales para que estos hechos delictivos no queden en la impunidad y sean castigados". Si tan grave es la cosa, como para ameritar el insólito comunicado, se necesita pues explicación oficial sobre lo que realmente ocurre u ocurrió en esa región fronteriza con Perú.
Una explicación transparente permitiría también entender porqué algunos agentes de erradicación de cocales agredieron a las gentes en sus hogares y les gritaron -si es verdad que lo hicieron- "ahí está el premio enviado por su gobierno" o "ahora voten por Evo Morales" al obligar a algunas mujeres a "hacer flexiones" y a "saltar como a soldados", según denunciaron ellas mismas, al proclamarse inocentes.
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.