Fallo contra el fuero militar divide al gobierno y a víctimas colombianas
26 oct 2013
Fuente: Bogotá, 24 (EFE).-
La decisión de declarar inconstitucional la reforma del fuero penal militar marcó hoy (ayer) una división entre las reacciones pesimistas del gobierno colombiano y la celebración de las víctimas de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio.
Este fallo, hecho público el miércoles por la Corte Constitucional colombiana, determinó por 5 votos a favor y 4 en contra que la reforma aprobada en el Congreso en diciembre de 2012 no se ajusta a la Carta Magna por “vicios de trámite”, por lo que frenó su implementación.
La polémica está servida, pues el magistrado de la Sala Plena de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, afirmó a periodistas que sus compañeros de sala “se inventaron un vicio de procedimiento con el objeto de evadir el análisis de fondo de un tema tan importante”.
El gobierno había impulsado este polémico modelo renovado de justicia especial militar con el argumento de reforzar ese sistema y garantizar su buen funcionamiento, pero encontró desde el principio numerosos escollos por la oposición de quienes detectaban en él una puerta abierta a la impunidad.
Por eso el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, salió en defensa de una justicia penal militar, e incluso manifestó: “Quiero ser muy claro: el fuero militar existe, existe hoy en día, con o sin reforma, y se hará valer”.
“Recibimos el fallo de la Corte Constitucional, tengo que confesarlo con tristeza. Pero, por supuesto, como demócrata, con total respeto y acatamiento”, dijo, ratificando su apoyo a las Fuerzas Militares y a la Policía y confirmar su compromiso con su “seguridad jurídica”.
En este sentido, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para crear “un fondo económico para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública acusados por actos cometidos en el servicio, y para crear un sistema de defensa técnica y de defensa especializada”.
Precisamente, Amnistía Internacional, una de las grandes críticas de esta reforma, le pidió al gobierno de Santos no replantear una reforma del fuero de justicia penal militar en el Parlamento si realmente quiere justicia para los militares y policías que violen los derechos humanos.
Organismos humanitarios como Human Rights Watch, las Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazaron desde el principio esta reforma constitucional del fuero porque consideraban que ampliaba su ámbito y podía suponer un freno a la investigación y castigo de los uniformados que hayan incurrido en delitos.
El texto de la reforma le atribuía a la Justicia Penal Militar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son las normas internacionales que regulan la guerra, y dejaba en manos del sistema ordinario los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.
El principal temor de los defensores de los derechos humanos era que quedaran en la impunidad los casos de “falsos positivos”, expresión que se usa en Colombia para hablar de ejecuciones extrajudiciales cometidas por uniformados contra civiles para reportar más bajas en combate y obtener beneficios a cambio.
Fuente: Bogotá, 24 (EFE).-
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