El Presidente de la República o también del Estado Plurinacional, Evo Morales, después de asumir su mandato que está cerca a nueve años, enfatizó que durante su Gobierno no habrán más muertos en masacres contra ciudadanos como hubo en anteriores presidencias y, si hubieran, él renunciaría; su promesa no fue cumplida porque lo expresado no fue pensando en la realidad política, menos el temperamento y carácter de los individuos o de la colectividad observado durante la existencia de nuestro país.
Evo Morales que hace poco asistió a la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su acostumbrada propensión a confundir el razonamiento más con palabras que con conceptos, encontró la oportunidad de mantener su obsesiva fobia a Estados Unidos de Norte América y calificando a su Presidente, Barak Obama, como genocida, pidiendo que un “Tribunal del Pueblo", inicie un juicio por delitos de lesa humanidad, olvidándose que en su mandato se desarrollaron actos que muy bien pueden ser considerados también de lesa humanidad.
El Presidente boliviano, a través de sus organismos represivos ordenó la masacre de una veintena personas en Pando teniendo como ejecutor a Juan Ramón Quintana; en Sucre, fuerzas militares provocaron la muerte de dos personas y heridos en la zona denominada La Calancha. La crueldad también llegó a Caranavi por la incursión de policías que abatieron a otras dos personas.
Los hechos extremos fueron trasladados a Chaparina, cuando policías arremetieron con dureza contra hombres, mujeres y niños que participaban en una marcha descalzos hacia la ciudad de La Paz pidiendo respeto al territorio del TIPNIS, donde se pretende construir una carretera que parte en dos al área protegida, región rica en biodiversidad. Chaparina se convirtió en vergüenza internacional para el gobierno masista, debido a que las ordenes brutales surgieron del Ejecutivo, a través del tristemente célebre, exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, premiado con una Embajada. En el Ataque a indígenas del TIPNIS, la cadena de mando nunca se rompió, de acuerdo a testimonios de oficiales de policías que participaron en una investigación que no concluye.
Aunque hayan pasado algunos años, no podemos olvidarnos la alevosa incursión de cocaleros sobre la ciudad de Cochabamba, con objeto de interrumpir el mandato constitucional del entonces alcalde, Manfred Reyes Villa. La turba se enfrentó con jóvenes cochabambinos que defendían su ciudad, entre ellos el adolescente Christian Urresti, muerto a machetazos y golpes de palos. Los vándalos no contentos con su accionar destrozaron e incendiaron el edificio prefectural, hoy gobernación.
Aquellos momentos aciagos jamás fueron investigados, pese a que los afectados, incluso el Defensor de los Derechos Humanos, Rolando Villena, pidió a las autoridades del Ejecutivo, jueces, fiscales y policías realizar diligencias más creíbles para la opinión pública. Como de costumbre, Evo Morales con su verbalismo, se refiere a Villena haciéndole conocer que él instruyó al Legislativo para ejercer el cargo como forma de someterlo a sus decisiones, como quiso utilizar a la diputada Rebeca Delgado en el Proyecto de Ley de extensión de Fortunas, documento al cual la diputada, después de hacer análisis minucioso no consideró aceptable, su tratamiento en el Legislativo hasta tanto no sean corregidos algunos conceptos contenidos en los diversos articulados.
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