A dos años del ultraje que sufrieron los indígenas de tierras bajas, (organizados en torno a la Cidob), en la zona de Chaparina, ni las investigaciones sobre ese hecho avanzan sustancialmente, ni el gobierno admite su responsabilidad sobre el mismo, sosteniendo hasta el extremo que la única responsabilidad, es de la Policía que apunta a señalar que “rompió la cadena de mando”, alternativamente todas las presunciones al menos desde la sociedad civil llevan a sostener que no hubo tal “ruptura de mando” y para esclarecer el hecho, la única manera de hacerlo es que realmente las investigaciones avancen, para que ello suceda sin duda que se requiere menor sometimiento del Ministerio Público al Ejecutivo.
Uno de los factores del descrédito que hoy sufre el órgano judicial, entre ellos el M.P., es precisamente su cada vez más clara actuación de sometimiento al poder central y que solo el hecho de volver al principio de la independencia de órganos (poderes) sin control de órgano alguno sino al pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado y la ley, de por sí volvería la credibilidad en ella, aunque esto es difícil de cumplir por la manera como se designa a los funcionarios judiciales y fiscales.
Así como el Gobierno tiene bajo su control a otros órganos del Estado, que cumplan las decisiones del Poder Ejecutivo nacional, que no se puede ocultar a estas alturas el tiempo sobre la afinidad de sus miembros con el Gobierno, el Defensor del Pueblo asumió la decisión más importante de este tiempo, que es la de exigir que el “principal” responsable de la represión y del “ultraje” a los derechos de los indígenas de la Cidob, como es el exministro de Gobierno Sacha Llorenty, sea suspendido de sus funciones de embajador de Bolivia en las Naciones Unidas.
Aquella posición institucional generó la protesta del Presidente Morales que desde EE.UU. (el núcleo del imperialismo) calificó la posición del Defensor del Pueblo como “… el mejor instrumento de la derecha”, dicción recurrente de parte del oficialismo que tiene el objetivo de descalificar la posición de alguien que le dice que las cosas no están bien al Gobierno.
Todo hace entrever que quien desde cualquier lugar del Estado cuestiona al gobierno y este cuestionamiento le llega a la intimidad de sus intereses, será declarado “derechista” cuando en los hechos lo único que hace el Defensor del Pueblo, es defender el derecho de los Indígenas que es en última instancia el derecho a conocer la verdad material de Chaparina, qué mejor ejemplo se daría al país, que el ex Presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, éticamente y sin ninguna protección del Gobierno se someta a disposición del M.P.
Dos rumbos puede tener la posición del Defensor del Pueblo, o ser cercado por el Gobierno para que este sea sometido y no lo cuestione, o mantenga lo que hasta hoy se hizo defender los derechos humanos y denunciarlos cuando son violatorios de los Derechos Humanos.
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