Durante la semana pasada, propiamente al finalizar el mes, debía ser analizada una nueva Ley de Exportaciones, tomando en cuenta que la vigente proviene del gobierno de Jaime Paz Zamora y fue promulgada a fines de la década de los 90, por lo que según señalan los actuales ministros, la norma necesita de una adecuada actualización como instrumento que favorezca a potenciar al sector productivo exportador.
Un hecho que contempla la todavía ley vigente es la devolución impositiva al sector exportador, de acuerdo a la estructura de costos y al valor agregado, una modalidad que beneficia a ciertos sectores exportadores y que en la actualidad se entiende que debe modificarse para hacer de la nueva Ley un instrumento de beneficios iguales para todos los exportadores.
Al conocerse del proceso de análisis de la Ley de Exportaciones, se ha emitido algunas sugerencias especiales particularmente en el sector del oriente boliviano, donde se demanda la “liberación de las exportaciones”. Proponiendo para el cumplimiento de esa alternativa, eliminar todas aquellas medidas relacionadas a la restricción de exportaciones que afecten al sector agroalimentario.
El hecho es consecuencia de algunas medidas que en tiempo pasado reciente aplicó el Gobierno para ejercer una especie de control entre los productores de algunos alimentos producidos en el país, como el caso del arroz en un tiempo y del azúcar en otro, incluyendo la harina para conjurar la escases de pan de batalla o una elevación en su precio.
Un empresario cruceño sostiene que al liberarse las exportaciones está abierta la posibilidad de “producir alrededor de 45 millones de toneladas de alimentos con una inversión que se multiplicará por un valor cercano a 110 mil millones de dólares, de los cuales 67 mil millones serán ingreso por concepto de las exportaciones, que además generarán más de 240 mil empleos directos, sostenibles y de calidad”.
Como se plantea el asunto, parece que en los niveles de Gobierno tendrá que efectuarse un minucioso y detenido análisis de las objeciones y de propuestas en torno a una nueva Ley de Exportaciones, de modo que ese instrumento se convierta realmente en un incentivo práctico, legal y sobre todo actualizado en la mecánica actual de todos los sectores exportadores, en algunos casos limitados por restricciones burocráticas, por pesadas cargas impositivas y por la carencia de “alicientes” a las inversiones y los compromisos de incrementar los índices productivos para satisfacer la demanda interna y tener los excedentes necesarios para la exportación.
Sobre el tema, que seguramente mostrará algunas de sus aristas especiales, hay algunos pronunciamientos anticipados que tienen que ver con expectativas por ejemplo de los micro y medianos empresarios, de los manufactureros, de las textileras y de la minería, pues se trata de una diversidad de impulsores con mayor o menor capital que requieren de incentivos muy claros y precisos para mejorar la calidad de sus productos y el rendimiento de sus operaciones, seguros de contar con el respaldo de una Ley que proteja sus intereses.
El sector productivo nacional, incluyendo los sectores no tradicionales, estiman que al renovarse la Ley de Exportaciones puedan considerarse algunas alternativas de beneficio coyuntural, por ejemplo el diferimiento del IVA en el caso de importaciones de bienes de capital, lo que permitirá a ciertos rubros la renovación de maquinaria, equipos y aprovisionamiento de materia prima.
Fuente: LA PATRIA
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