Ejecutivos de instituciones empresariales como la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Confederación de Empresarios Privados, han expresado preocupación por la excesiva presión fiscalizadora que ejerce sobre el sector empresarial privado la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) que en la gestión pasada fustigó a 283 empresas y en lo que va del año ya lo hizo con 178.
Hay una denuncia formal de dirigentes empresariales sobre la fuerte presión que ejerce la AEMP sobre diversas empresas, ocasionando una serie de problemas, empezando por la pérdida de tiempo para “descargar” documentos electrónicos como parte de las fiscalizaciones a fin de justificar la actividad de las empresas, que además sufren la aplicación de onerosas sanciones que dañan y alteran su situación económica.
El hecho de la fiscalización conlleva otros problemas como los excesivos trámites a que están obligados los asociados a los organismos empresariales lo que se convierte en un factor negativo que desincentiva la actividad de las empresas generando un clima adverso a los buenos negocios.
Pero una queja mayor tiene relación con la irregular aplicación en forma retroactiva de un Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales aprobado – simplemente – por una resolución administrativa de la AEMP en agosto de 2011 y publicado en febrero de 2012. Con esa normativa sancionan a varias empresas pese a que no puede aplicarse con retroactividad.
En el último tiempo se han producido reuniones importantes de acercamiento y toma de algunas decisiones, especialmente sobre la materia de inversiones, entre el sector del empresariado boliviano y las autoridades superiores del Gobierno, sin embargo, organismos fiscalizadores hacen excesivo uso de su denominada “autoridad” alterando los planes de crecimiento de muchas empresas que pese a la mejor predisposición de cumplir regulaciones, chocan con una serie de engorrosos trámites e ilegales disposiciones.
Los empresarios muestran preocupación sobre las tareas fiscalizadoras que están dirigidas a varias empresas de las consideradas líderes en la industria productiva, el caso de las cementeras o de otras que son observadas incluso por mínimas infracciones, complicadas a la hora de los descargos legales.
Las inversiones del sector privado crecen en la medida que se otorgan las seguridades más convenientes para favorecer el asentamiento de empresas, la creación de incentivos, precisamente tributarios, de modo que puedan consolidarse emprendimientos industriales que son fuentes de empleo seguro y una forma de soporte a la economía nacional, contribuyendo al crecimiento de los sistemas productivos nacionales.
El otro aspecto que es considerado por el sector empresarial es la inequidad en la aplicación de regulaciones fiscalizadoras al sector legalmente establecido, que paga regularmente sus impuestos, contribuye con la AFP, cumple con el pago de salarios manteniendo y mejorando fuentes de empleo, pero al mismo tiempo soportando presiones de organismos reguladores, lo que desincentiva las posibilidades de encarar un mayor crecimiento o nuevos proyectos que se desarrollen en un ambiente de mínima comprensión.
Organismos estatales deberían aplicar disposiciones adecuadas para combatir la informalidad que significa abierta evasión impositiva y una flagrante contravención a las leyes que rigen sólo para algunos sectores, justamente los que se encuentran en los rangos de apego a las normativas legales.
Se sugiere ampliar los fines fiscalizadores hacia los sectores que operan al margen de las leyes y que deberían recibir severas sanciones porque en realidad y comprobadamente están operando atrabiliariamente y como si fuera poco en abierta competencia con las empresas legalmente establecidas.
Fuente: LA PATRIA
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