Los orureños estamos embelesados porque serán una realidad varias propuestas gubernamentales que podrían devolvernos la capitalía industrial de Bolivia.
Nos frotamos las manos al conocer que nuestros parlamentarios, despertaron de su largo letargo y se afanan por hacer aprobar leyes a favor del Departamento.
Es incidente sintomático ver a senadores y diputados acudir a los medios de comunicación haciendo saber sus propósitos de trabajar cuando les queda poco tiempo de mandato.
Causa complacencia la forma cómo recién ahora, los Padres de la Patria, se acuerdan para qué fueron elegidos, seguramente con la esperanza de ser nuevamente propuestos para la gestión 2015 - 2020.
Lamentablemente, haciendo una evaluación de la presente etapa legislativa, vemos que es infructuosa, ya que Oruro siempre está relegado al no contar con representantes con capacidad, aspecto que derivó en el accionar decidido y responsable de instituciones representativas como el Comité Cívico, Central Obrera, para hacer escuchar su voz, clamando respeto y justicia.
Para mal de nuestros pesares, se tiene que luchar contra senadores y diputados que todavía tienen la osadía de menoscabar la historia, pretendiendo imponer razonamientos políticos aduladores.
Con esa experiencia, a fin de no tropezar con dificultades, es imperioso recordar que la instalación y puesta en marcha de industrias, significa que los responsables de conducirlas, están obligados a cumplir con sus pagos tributarios, allí donde funcionan las empresas.
Vale decir, que de concretarse la fábrica de cemento en Caracollo, el pago del impuesto u obligación fiscal deberá realizarse en esta ciudad y no en la sede de gobierno, porque ello daría a entender que Oruro sería conceptuada como una provincia más del departamento de La Paz.
Sin temor a equivocarme, varias otras factorías instaladas en nuestro distrito, están registradas en oficinas de impuestos de la urbe paceña, como es el caso de ENAF, Cartonbol, Soboce, Sinchi Wayra, Enalbo, Pavco, Cervecería Huari, Fábrica de Ácido Sulfúrico, Comibol y otras, al extremo de haber perdido a Tambo Quemado como parte de Oruro, precisamente por el aspecto del pago tributario.
Frente a esa realidad, la tarea próxima no sólo de diputados, senadores, empresarios privados, Cámaras de Industria y Comercio, sino de todo el pueblo, es lograr que la cancelación impositiva se efectúe en nuestra capital, dinero con el cual se podrían hacer muchas obras citadinas y provinciales.
Seguro estoy que el planeamiento arriba anotado, no caerá de buena manera en la conciencia de quienes manejan los recursos económicos del país, aduciendo que el Tesoro General es el encargado de distribuir el dinero recaudado a las regiones.
Para los orureños, eso no tiene ningún valor, porque lo que recibimos, si acaso ello ocurre, son migajas que no compensan el esfuerzo realizado para engrandecer a Bolivia.
Propicia oportunidad para también recordar el desprendimiento orureño impulsando la integración de la República, disponiendo en la década del 60, parte de sus regalías en la construcción del camino asfaltado Cochabamba- Santa Cruz, para después utilizar otro tanto en la Marcha al Oriente, durante el primer gobierno del general Hugo Banzer Suárez.
Si hacemos cuentas desde la época de bonanza minera, producida la nacionalización de las minas, reforma agraria, reforma educacional, voto universal, transformación de la Standard Oil y la Gulf a YPFB, el Estado debería resarcirle muchos millones de dólares a Oruro, como parte de sus regalías dispuestas en proyectos de alcance nacional que a la postre, beneficiaron a otros rincones de la Patria.
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