¿Distribución gratuita y confidencial de la PDD a adolescentes?

El pasado 30 de agosto autoridades del Ministerio de Salud de Bolivia anunciaron que a principios de 2014 los centros de salud pública entregarán la píldora del día después PDD, el condón femenino y el implante subdérmico a las mujeres que lo soliciten. En una primera instancia se indicó que sólo sería para mayores de 18 años, pero luego Carla Parada, responsable de la Unidad de Redes de Servicios de Salud, aclaró que el beneficio llegará también a adolescentes (entre 13 a 17 años) en forma gratuita y confidencial.

Esta ampliación a adolescentes tiene como objetivo “disminuir los embarazos precoces en este grupo de menores y bajar la mortalidad materna por los abortos”. A tal efecto se implementarán en los centros de salud áreas exclusivamente destinadas a ese grupo etáreo con médicos capacitados. La información sobre las adolescentes será anotada en una hoja clínica y, como la atención será de mucha confianza, sólo en casos extremos, como riesgo de muerte, se dará a los padres”.

Hasta aquí la información recogida en los medios de comunicación. ¿Qué opinión bioética merece esta decisión del Ministerio de Salud? Veamos algunos datos. La píldora de emergencia hoy día más difundida tiene una dosis alta del progestágeno levonorgestrel. Su efectividad para evitar un embarazo es aproximadamente el 80% o menos, dependiendo del momento de la ingesta en relación con el ciclo reproductivo de la mujer y la relación sexual. Sobre su modo de actuar hay dudas todavía no resueltas. Si la mujer que toma la píldora todavía no ha ovulado se produciría la anovulación, pero si ya ha ovulado y se ha producido la fecundación no se excluye que podría alterar el endometrio uterino impidiendo la nidación del embrión, en cuyo caso la PDD sería potencialmente microabortiva.

Además la PDD tiene efectos secundarios dañinos para la salud de la mujer que la toma, especialmente si lo hace repetidamente. El Dr. Víctor Topete, especialista mexicano en fertilidad y salud sexual, asegura que puede ocasionar efectos secundarios: náuseas, vómitos, irregularidades en el ciclo menstrual (se adelanta o se posterga), embarazos ectópicos (fuera de la matriz), posible adelgazamiento de las paredes uterinas, alteraciones en el proceso ovulatorio (lo que con el tiempo puede provocar infertilidad) y alteraciones en el útero (hemorragias vaginales, miomas) entre otros.

Por otra parte, en algunos países la facilitación gratuita y confidencial de la PDD a los adolescentes no sólo no ha disminuido el número de embarazos de adolescentes, sino todo lo contrario. El acceso fácil a la PDD ha causado el efecto boomerang de aumentar la promiscuidad sexual, los contagios de ETS y de VIH/Sida y también los embarazos precoces. Además se ha fomentado el machismo agresivo, ya que muchas veces la mujer, sobre todo si es adolescente, se sentirá obligada tener relaciones con el varón que la acosa con el argumento de que “no va a pasar nada”.

Cabe asegurar que esta medida acrecentará el erotismo desenfrenado y la degradación moral de la juventud con sus trágicas consecuencias de aumento de prostitución y violencia contra la mujer, incluyendo violaciones, abortos y feminicidios. La confidencialidad médica en estos casos contribuye a la indefensión de las adolescentes, siendo el médico cómplice de los posibles abusos sexuales. En todo caso se atenta contra la autoridad de los padres de familia, quienes en último término son responsables de la salud y vida de sus hijos menores de edad.

Una última observación se refiere al Fondo de Población de Naciones Unidas que en países en vías de desarrollo “generosamente” financia medios anticonceptivos. En el fondo apoya medidas antinatalistas que frenan el crecimiento demográfico y mantienen el sistema oligárquico internacional. En el caso de Bolivia, país con muy baja densidad poblacional y con gran parte del territorio prácticamente despoblado, se obstaculizará el desarrollo económico productivo.

Creemos que este tipo de medidas del Ministerio de Salud tienen ser consultadas y consensuadas por los padres de familia, los educadores y las instituciones tanto civiles como eclesiásticas que velan por el bienestar de los menores de edad. Hay que poner en práctica una política educación sexual integral en consonancia con los auténticos valores humanos y familiares de las culturas autóctonas y del cristianismo, subrayando la fidelidad conyugal que se adquiere mediante la abstinencia prematrimonial y el respeto a la intimidad sexual propia y ajena, que merece todo ser humano, varón y mujer, y toda familia como imagen y semejanza del Dios cristiano, Uno y Trino.